«No puedo pronunciarme sobre lo que no conozco». El alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, respondía así ayer a los periodistas que le preguntaban sobre la querella presentada por la Fiscalía contra él por un supuesto delito contra la hacienda pública por no declarar el IVA de una venta de 61 viviendas a través de su promotora. «Vivimos en un Estado de derecho y eso lleva consigo una serie de garantías -añadió el regidor compostelano- por eso me llama poderosamente la atención enterarme de esta supuesta querella por una información periodística».
El alcalde mostró una cierta preocupación por el hecho de que, hasta que no sea notificado y no conozca los términos de la acusación, «resulta difícil defenderse». «Me he despertado esta mañana con esa noticia en los medios y esa sensación de decir: ¿Aquí qué pasa?», añadió.
El PSdeG-PSOE, a través del diputado Xaquín Fernández Leiceaga, presentó ayer una pregunta oral en el Parlamento de Galicia en la que pide a la Xunta que se pronuncie oficialmente sobre el supuesto delito fiscal cometido por el alcalde de Santiago. Leiceaga recordó que el regidor «ten a obriga de facer unha xestión dilixente e responsable dos recursos públicos».
Imputación «gravísima»
Por parte del Bloque Nacionalista Galego, su portavoz en el Concello de Santiago, Rubén Cela, calificó la imputación de «gravísima», y dijo que, si bien su formación siempre ha sido partidaria «da presunción de inocencia, de respectar os trámites xudiciais, de deixar facer á Xustiza, é evidente que se a propia Fiscalía se querela contra o máximo responsable desta institución non é unha cuestión menor, pois non é unha falta administrativa, senón un delito que, no caso dun responsable político, ten os agravantes moral e político evidentes».