La Administración gallega desea convertirse en el motor de las fusiones municipales, pero con el inconveniente de que le falta lo más importante para realizar la operación con cierto éxito: el carburante. Sin financiación no hay estímulos a la fusión. Y la Xunta, en este momentos, anda escasa de recursos para estimular los matrimonios locales.
El que dos concellos decidan mancomunar sus servicios de abastecimiento de agua, para lo que pueden recibir un pequeño plus de financiación, no prejuzga que uno vaya a acabar comiéndose al otro, o viceversa, como tampoco garantiza este final el hecho de que parte de los recursos del canon eólico se puedan destinar, por ejemplo, a acondicionar una amplia área de esparcimiento limítrofe entre dos municipios.
Algo parecido ocurre con las dos únicas áreas metropolitanas susceptibles de ser creadas en Galicia. Su existencia no asegura (y ocurre lo mismo con Barcelona y Hospitalet) que Vigo pueda fusionarse con Redondela o que A Coruña pueda hacerlo con Narón.
A lo sumo, lo que sí puede impulsar la gestión compartida de determinados servicios es una nueva cultura municipal basada en la cooperación, pero tendrían que pasar décadas, y posiblemente generaciones, para que la colaboración acabara en una integración territorial.
Así que el único camino que posiblemente tiene la Administración para crear una planta municipal acorde a la distribución de la población es el legislativo, para favorecer las integraciones y prohibir las duplicidades de servicios. Como ocurrió con las cajas de ahorro, a las que se le dio un plazo para recapitalizarse, los concellos también tienen que ganar dimensión para ser viables. Eso requiere un pacto de Estado, aunque el Estado, por ahora, parece estar a otra cosa.