Crecen un 141 % las reclamaciones por los recortes sociales y la carencia de prestaciones a las personas dependientes
27 mar 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El informe anual del Valedor do Pobo irrumpió ayer en medio del debate que tienen abierto las Administraciones públicas para poder mantener con menos gastos los mismos servicios, y lo hizo constatando un incremento del malestar ciudadano hacia las medidas de ajuste y de supresión de programas o prestaciones sociales. Según el documento, las quejas remitidas al defensor de los gallegos relativas al área de servicios sociales se incrementaron en un 141 % en el 2011 con respecto al año precedente, lo que evidencia un claro deterioro del contexto económico y social.
La deficiente aplicación de la llamada ley de dependencia es en gran medida la responsable de que las reclamaciones al Valedor en relación a los servicios sociales pasaran en solo un año de 210 a un total de 507. Un total de 171 quejas inciden en los incumplimientos que afectan a personas con distintos grados de dependencia, sobre todo severos y moderados, destaca el informe, pero también a algunos beneficiarios del llamado grupo de los grandes dependientes, los que no pueden valerse por sí mismos para cubrir sus necesidades vitales.
Menos ayudas directas
El valedor do pobo, Benigno López, recomendó ayer en la presentación del informe que la atención a los dependientes sea tratada «dun xeito máis dinámico», a través de un servicio público ágil, evaluaciones periódicas y la dispensación de las prestaciones de forma prácticamente inmediata, a la vez que destacó el hecho de que la concesión de prestaciones económicas, las llamadas libranzas, se vayan sustituyendo por otras medidas de apoyo y atención.
En el ámbito social también destacan las 262 quejas en serie por los recortes que afectaron a las políticas autonómicas de cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria. De igual modo, afloró un cierto malestar por la falta de reserva de plazas para discapacitados en las ofertas públicas de empleo, que afectaron especialmente a la Diputación de Ourense, que solo se comprometió a cumplir con la legislación en el futuro «sen recoñecer a súa mala praxe pasada», dice el informe.
A grandes rasgos, el alto comisionado del Parlamento registró el año pasado la cifra récord de 2.947 expedientes tramitados, un 9 % más que los registrados en el 2011. Por detrás de las quejas vinculadas al deterioro de los servicios sociales, destacaron las reclamaciones asociadas al sistema educativo, un total de 475, así como las relativas al empleo público y a las políticas de interior, que sumaron 384. La Xunta sigue siendo la Administración a la que se dirigen más quejas, el 76,4 % del total, y Sanidade es la consellería a la que afectan la mayoría de ellas.