José Blanco ha conseguido el primero de sus objetivos con su declaración voluntaria en la parte de la operación Campeón que instruye el Supremo: que los plazos de un proceso que podría alargarse innecesariamente -con el consiguiente desgaste político y, sobre todo, personal- estén ya bien encaminados. Tras la primera declaración judicial de Manuel Bran, el primo político de Blanco, están ya resueltas tres patas de la mesa donde se juega esta curiosa partida de ajedrez en la que hay ingredientes judiciales, pero también mediáticos y políticos. Ya ha declarado el exministro, se ha producido la quinta comparecencia judicial de Jorge Dorribo y, pese a solicitarlo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Manuel Bran ha dado su primera versión de los hechos nada menos que ante un juez y un fiscal del Tribunal Supremo.
Faltaría la cuarta pata de la mesa: la eventual declaración del vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco. Hay que recordar que en la exposición razonada que la jueza Estela San José remitió al Supremo, así como en el informe de la Fiscalía, hay referencias a otro presunto delito de tráfico de influencias de José Blanco, «al intervenir en las negociaciones y gestiones que ha de llevar a cabo José Antonio Orozco en referencia a una nave que pretendía construir en Sant Boi».
Para hablar de indicios de delito en este caso, el fiscal se basa «en una serie de llamadas telefónicas al respecto de José Antonio Orozco que fueron intervenidas judicialmente». En su declaración, Blanco aclaró que conoce a Orozco desde la infancia y que son amigos desde hace 15 años. Como el asunto de la nave de Sant Boi entraba dentro de su competencia como ministro de Fomento, se interesó por el expediente como «una preocupación lógica» por su cargo, pero negó que existiera un trato de favor en este asunto. Ahora queda por saber si el instructor de la causa llamará a declarar al directivo de Azkar o decreta alguna diligencia adicional para aclarar el asunto del dinero de Andorra, ya perfectamente despachado, por otra parte, en el informe pericial de la Agencia Tributaria. En este sentido, el Supremo también podría citar a Xoán Barraza, la persona que gestionó los ingresos en efectivo y que está previsto que declare en los juzgados de Lugo el 1 de marzo.
En cualquier caso, cualquier avance en la instrucción estará supeditado al inminente levantamiento del secreto del sumario. Será entonces cuando los imputados pisarán sobre seguro.