Feijoo aporta pistas cada día de unos recortes que son inevitables. La única duda a estas alturas es en qué medida la tijera puede mermar unos servicios esenciales cuya prestación, como reconoce el propio presidente, será complicado preservar en este 2012. Con menos recursos para gestionar mayores necesidades, la Xunta deberá tomar decisiones en un complejo contexto preelectoral.
¿Es posible garantizar los servicios públicos en el 2012 con las mismas cuentas del 2006?
Este es el gran desafío. La Xunta gestiona hoy un Presuposto equivalente al primero que confeccionó el bipartito. Y su dotación se aproximará al último del Gobierno Fraga, después del próximo recorte. Aunque, de momento, la tijera no ha cerrado el acceso a la prestación sanitaria ni educativa, sus efectos ya se dejan ver en decisiones como el incremento en un 19 % de las tasas de las guarderías públicas o en los ajustes en las ayudas que reciben los concellos para atención social a mayores e infancia, que Benestar recortará este año en 2 millones. Feijoo ya anticipó que la Xunta adoptará medidas adicionales con el objetivo de blindar la atención a parados, pensionistas y perceptores de la renta de integración social (risga). También ha admitido que su Gobierno estudia las reformas salariales que otras comunidades están aplicando en las condiciones de funcionarios y personal laboral, con repercusión sobre días de libre disposición por asuntos propios y retribución de bajas por incapacidad temporal. Feijoo recalcó ayer que todas las decisiones se abordarán previamente con los sindicatos.
¿Qué tensiones soportan los Presupostos para blindar esos servicios?
Muchas. Las cuentas de la Xunta arrastran un recorte acumulado de más de 2.000 millones de euros respecto a las que aprobó el bipartito para el 2009. Además de los ajustes introducidos por el Gobierno de Feijoo para eliminar «buratos» contables, los Presupostos han estado sometidos a revisiones inducidas desde Madrid, que la Xunta recibió sistemáticamente con un mensaje de alarma sobre el riesgo para garantizar la prestación de los servicios esenciales. Ese discurso deja claro que el margen para seguir recortando es cada vez más exiguo. La decisión del nuevo Gobierno de aplazar a 10 años la devolución de los 2.500 millones que Galicia adeuda al Estado por la liquidación negativa de los anticipos aliviará pero no solventará esas tensiones financieras que han convertido a las constructoras en acreedoras de la Administración gallega.
¿Puede la Xunta acudir al endeudamiento para mitigar los recortes?
El cumplimiento del techo de déficit público es una prioridad para la Xunta que Feijoo volvió a refrendar ayer mismo, por lo que los recortes no se suplirán en el mercado crediticio. Ese límite, que en el 2011 impidió a la Xunta endeudarse más allá del 1,3 % del PIB, restringe el margen de maniobra del Gobierno. Hasta el punto de que el año pasado tomó la decisión sin precedentes de cerrar el ejercicio presupuestario en agosto para no exceder ese tope. Lo solventó dejando certificaciones de obra pública sin pagar.
¿En qué medida la posible convocatoria de elecciones en otoño condiciona los ajustes?
El presidente, que tiene la prerrogativa de convocar los comicios autonómicos, ha dejado la puerta abierta a su posible celebración en otoño. Pero, con o sin adelanto, lo cierto es que las cuentas que la Xunta recortará son las últimas de la legislatura, y las decisiones que se adopten necesariamente estarán marcadas por esa coyuntura y por los recortes de Madrid. A la espera de que Rajoy mueva ficha en plena precampaña de las andaluzas, Feijoo se cuidará de gestionar con mimo cada decisión.