El asunto del cohecho puede acabar delante de un jurado popular. La ley del jurado establece que los aforados, en este caso un diputado, se sientan en el banquillo ante un tribunal lego, al que deben mostrársele todas las pruebas, entre ellas, las grabaciones de escuchas telefónicas entre el exdiputado Javier Escribano y el empresario Fermín Duarte.
Una parte de ellas, según el informe del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal, corresponden a conversaciones de Fermín Duarte con un familiar al que explica que tuvo que regalar el Porsche para que le movieran la cosa en la Xunta. En el Congo, decía también, es posible que sobornando a algunos jefes se pudiese comercializar mejor (el «impuesto revolucionario», le explicó), pero en Galicia había que gastar mucho dinero para abrir algunas puertas. Los agentes hacen constar que el destinatario del vehículo de alta gama fue el diputado coruñés, y enfatizan que llegan a esta conclusión «sin género de dudas».
La instrucción de una causa por la ley del jurado tiene un procedimiento especial, diferente al que seguirá la relativa a delito medioambiental por la comercialización de áridos supuestamente tóxicos. Cada expediente seguirá caminos diferentes con tribunales distintos, aunque los supuestos implicados sean los mismos.