Amparo González Méndez es la directora técnica del Funga, una fundación que ya tutela a 1.650 gallegos, de los que el 38% son mayores de 60 años. Apunta que las personas que deben ingresar en residencias no solo son aquellas que no pueden valerse por sí mismas; la gran mayoría también carecen de recursos económicos para vivir bien. «Entre los mayores de sesenta años el 80% cobran una pensión que ronda los 340 euros al mes, por eso nuestro trabajo más que administrar sus bienes es tramitar las ayudas de la ley de dependencia y buscarles una plaza residencial», dice la responsable de una entidad que pocas veces se topa con ancianos deseosos de vivir en un geriátrico. «Casi todos los ingresos son involuntarios, ninguno quiere salir de su casa a pesar de que estén pasando muchas penurias».
Amparo no cree que existan diferencias entre la situación de los ancianos solos o desamparados del medio rural o de la ciudad, aunque reconoce que tras un período de adaptación un buen número terminan por acostumbrarse a las normas de las residencias. Por eso los responsables judiciales esperan un tiempo antes de actuar ante posibles ingresos no voluntarios.
La incapacitación solo llega cuando es la única vía para mejorar la vida del anciano. El fiscal de Pontevedra pone como ejemplo los casos en los que se dejan de pagar los recibos, «entonces hay que investigar quién no está cumpliendo con sus deberes» y es cuando los tribunales buscan a un tutor que pueda ayudar. «El juez es el que tiene la última decisión y siempre se antepone a la familia, cuando la hay y cuando es válida», precisa la responsable del Funga.