Códigos éticos y de buenas prácticas que no se cumplen

Las normas internas de los partidos anuncian medidas frente a las imputaciones, pero solo son declaraciones de intenciones


redacción/la voz.

En plena explosión del caso Gürtel, la continuación de la operación Malaya o la salida a la luz de las tramas oscuras en torno a CiU, los dos principales partidos estatales trataron de dotarse de normas éticas y estéticas para hacer ver a la ciudadanía que se tomaban en serio la lucha contra la corrupción, las malas artes políticas y la utilización irregular de los cargos públicos.

Los socialistas introdujeron normas nuevas en sus estatutos y los populares crearon y publicitaron su código de buenas prácticas. Pero desde que ambas normativas entraron en vigor apenas han sido utilizadas para señalar a los imputados de sus respectivos partidos, a los que en todo caso solo se les hace dimitir cuando la carga de las pruebas es concluyente e incontestable.

El código del PP arranca prometiendo que sus cargos «se abstendrán de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización».

Presunción de inocencia

Pero esa declaración no es sin embargo incompatible con el mantenimiento del cargo si se está imputado judicialmente. Así se interpreta en la dirección del PP de Galicia, «porque una imputación no es una condena y hay que distinguir entre actos que se derivan de actuaciones meramente administrativas de las de mala fe o que buscan réditos personales». La cúpula popular añade que casos como el del conselleiro de Infraestruturas podrían tener un arreglo difícil, si fuese relevado y posteriormente archivado su caso o absuelto, «por lo que desde la convicción de su honestidad solo queda esperar», apuntan las mismas fuentes.

La dirección del PP estatal impone en todo caso a sus cargos la obligación de comunicar la mera apertura de cualquier causa jurídica que los implique y el compromiso de poner su puesto a disposición del partido si el comité de derechos y garantías considera que afecta al PP.

El PSOE, por su parte, advierte con el mismo riesgo de expulsión del partido tanto para los casos de mala conducta cívica y ética como para las manifestaciones contrarias a la disciplina interna, tanto jerárquica como ideológicamente. Como en el PP, son sus órganos encargados de velar por los derechos de los militantes los que deben interpretar la gravedad de los hechos.

En el BNG dichos principios no forman parte de un código interno formalizado, «pero si do noso ideario colectivo, onde a presunción de inocencia se mantén ata o final, pero depurándose responsabilidades políticas», se apunta desde la dirección nacionalista, poniendo como ejemplo la trama investigada en Ourense que provocó la dimisión de sus tres dirigentes implicados y contraponiendo dicha firme decisión a las que suelen adoptar sus adversarios.

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