Prestige

La Voz

GALICIA

Estudio sobre el impacto económico y ambiental. La Fiscalía Superior de Galicia anunció ayer que presentará en el juicio del «Prestige» un estudio sobre el impacto económico y ambiental provocado por el siniestro del «Prestige», encargado a la profesora María Loureiro, de la Facultade de Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago. Precisó ayer el fiscal superior que el estudio aplicará la metodología utilizada en Estados Unidos en el caso del Exxon Valdez en 1989.

Menores problemáticos

Faltan centros especializados. El año pasado se incoaron 1.431 expedientes de reforma a menores infractores -un 7,35% más que el año anterior- y 1.173 fueron llevados a juicio como presuntos autores de 4.101 delitos, lesiones, hurtos y daños, fundamentalmente. El dato más negativo es el descenso en un 15% en el número de acuerdos extrajudiciales por conciliación y reparación. En base a estos datos la Fiscalía planteará a la Xunta la necesidad de crear unidades de intervención especializadas en el tema de menores, ya que en la actualidad no existe ningún centro especializado que acoja a jóvenes conflictivos en edades comprendidas entre los 14 y los 18 años.

Violencia sobre la mujer

Equipos de psicólogos para mejorar la evolución de riesgos. El pasado año se incoaron en Galicia 8.333 procedimientos penales por violencia doméstica -casi un 20% más que el año anterior- pero bajó el número de acusaciones por este delito un 13,4 % y casi un 31% el número de sentencias. De estas, la tercera parte fueron absolutorias. La Fiscalía considera que es necesario valorar mejor lo riesgos y afinar más a la hora de trazar el perfil de los agresores. Para ello propone crear equipos de psicólogos mixtos.

Reformas

Nuevo mapa judicial. La memoria de la Fiscalía gallega insiste, un año más, en la urgencia de la reforma del actual modelo de territorialización de la Justicia, lo que pasa inexcusablemente por la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, ya que la actual responde a una estructura de división territorial que data del siglo XIX. En concreto, propone la creación de tribunales comarcales, especializados en la pequeña litigiosidad, tanto civil como penal, que absorberían la criminalidad masiva, reservando el resto de los tribunales para la criminalidad más compleja.