Louzán declarará como testigo en el caso que afecta a Agustín Hernández

A. Castroverde PONTEVEDRA/LA VOZ.

GALICIA

El TSXG también recabará testimonios del alcalde de Salvaterra y del secretario de la Diputación

01 jul 2010 . Actualizado a las 03:30 h.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, también fue llamado a declarar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el caso de la certificación de la variante de Lira, realizada antes de rematar la obra para evitar la pérdida de una subvención de la Unión Europea.

Louzán comparecerá como testigo en A Coruña el próximo miércoles, cinco días después de que declare como imputado por este mismo asunto el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, quien visó la polémica certificación cuando era director de Infraestruturas del ente provincial.

Además del presidente de la Diputación de Pontevedra, también fueron llamados a declarar sobre este asunto el secretario de la Diputación y el alcalde de Salvaterra de Miño, asimismo en calidad de testigos.

«Nós estamos por suposto para dar as explicacións pertinentes, sempre desde a tranquilidade de conciencia que é saber que non primou nada que non fose o interese público», señaló ayer el presidente del organismo provincial pontevedrés al ser preguntado por esta comparecencia, derivada de la admisión a trámite previa de una denuncia del PSOE.

Louzán dijo que trasladará esta tesis al Tribunal Superior y aseguró además que hay «documentación que avala» sus afirmaciones en torno a la polémica certificación de la variante de Lira.

Según la versión de la Diputación, el problema tuvo su origen en los retrasos de la Confederación Hidrográfica al dar los permisos para las obras. El expediente para obtener estos permisos se inició en el 2007 y la última petición de licencia data de noviembre del 2008, pero la autorización llegó en mayo del 2009.

En diciembre del 2008 fue certificado el remate de las obras para no perder fondos de la UE, si bien ese mismo día se exigió a Sercoysa -la empresa que ejecutaba una variante adjudicada en 291.864 euros- un aval por importe de 271.393 euros como fianza para responder de la finalización de los trabajos.

Según la tesis de la Diputación, la certificación habría sido realizada por el técnico Baltasar Pujales, quien declarará también el viernes, mientras que el entonces director de Infraestruturas, Agustín Hernández, se habría limitado a visarla con posterioridad.