El país vecino, al igual que España, cuestiona el restrictivo peritaje económico, pero la jueza rechaza repetirlo
19 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El descontento generalizado con la prueba pericial que valora a la baja el daño económico de la marea negra del Prestige no solo afecta a la Administración y a los afectados españoles. También Francia, a pesar de salir mejor parada que España -se le ha aceptado el 51% de su reclamación frente al 23% del Estado español-, está totalmente disconforme con el método utilizado por los peritos para valorar los daños. De hecho, en el escrito de alegaciones que los abogados del Estado francés han presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión reclaman directamente que se anule la prueba, se designen otros peritos y se emprenda un nuevo análisis contable de los daños. El argumento de los abogados que representan a Francia en el proceso -del bufete Gómez-Acebo & Pombo- se basa en que los peritos se extralimitaron en su función «estrictamente técnica y de auxilio» para llevar a cabo apreciaciones e interpretaciones jurídicas que, en su opinión, competen únicamente el juez instructor. «Los peritos están para decirnos lo que cuesta limpiar una zona rocosa y ver si eso concuerda con las facturas que les presentamos, pero no deben entrar en materia de Derecho», asegura Carlos Saiz Díaz, uno de los letrados que representan al Estado francés en el caso. En una providencia, la jueza rechaza anular la prueba encargada por el juzgado, al considerar que la nulidad de este tipo de pericias no está prevista en el ordenamiento jurídico español. Los abogados de Francia, en cambio, alegaron en base a uno de los escasos resquicios legales por los que sí se podría anular una prueba: cuando afecta a los derechos fundamentales o genera indefensión. Los abogados del Estado francés sí creen que se produce un menoscabo de su derecho de defensa, pues consideran que en la pericial hay una «extralimitación jurídica» que se traduce en un reconocimiento de daños que los franceses consideran escaso. De hecho, los peritos solo ven indemnizables 34,9 millones de los 67,5 de su factura de gastos. Efectivamente, los peritos que elaboraron la prueba, que reduce el importe global reclamado de 1.264,3 millones a solo 222,7, entran en el preámbulo en numerosas disquisiciones jurídicas, recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para definir lo que es un daño, la prueba de un daño o el lucro cesante -lo que se deja de ingresar por interrumpir la actividad-. Francia considera que, con estas apreciaciones jurídicas, los peritos van más allá del auxilio técnico que les confiere la ley. Posición de España La Abogacía del Estado también presentó sus alegaciones a la prueba pericial, pero, pese a salir más perjudicada en la valoración de daños -solo se le reconocen 140,6 millones de los 608,2 que reclamaba-, se ha limitado a mostrar su desacuerdo con las conclusiones del informe y ha optado por no pedir la anulación de la prueba. La Administración no comparte los criterios de valoración de los peritos y niega que sus daños estén insuficientemente acreditados. En esta línea, aporta una lista de los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros que participaron en la supervisión de la reclamación española.