El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestima las alegaciones de la dueña del pazo, Carmen Franco, para evitar abrir el recinto al público
19 sep 2009 . Actualizado a las 23:15 h.La Justicia ha vuelto a desestimar las alegaciones de la dueña del pazo de Meirás, Carmen Franco Polo, para evitar tener que abrirlo al público un mínimo de cuatro días al mes, como corresponde a un bien catalogado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó el último recurso de súplica contra la resolución del mismo tribunal, que desestimó en junio las medidas cautelares solicitadas contra la apertura al público de la residencia de los Franco en el municipio coruñés de Meirás.
En su última resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG considera que esta última medida «poco añade» a las alegaciones que ya hizo en su día la demandante y en las que aseguraba que abrir el pazo al público podría propiciar que se cometiese un atentado contra la familia, que, además, se veía obligada a reforzar la seguridad.
Compensación
Los Franco llegaron a solicitar una compensación económica por los gastos y las pérdidas por posibles actos vandálicos que, a su entender, conllevaba declarar bien de interés cultural (BIC) el recinto, motivo que también esgrimen para pedir una suspensión cautelar de la catalogación.
El nuevo auto -dado a conocer ayer y fechado el pasado día 8- «confirma en todos sus extremos» la resolución de junio. Sin embargo, el tribunal añade que este fallo no impide que «llegado el caso de que las circunstancias lo exigieran, se procediera a adoptar las medidas oportunas» en función del número y características de los visitantes al pazo. Aunque sigue sin tomar en consideración los temores de la propietaria de la residencia, que alerta de que la declaración BIC es el primer paso para la expropiación de la finca.
El Gobierno bipartito, que aprobó la declaración BIC en el Consello celebrado el 30 de diciembre del año pasado, llegó a amenazar a la familia Franco con una multa de hasta 60.000 euros si persistía en su decisión de mantener cerrado el pazo.
Multas
La ex conselleira de Cultura, la nacionalista Ánxela Bugallo, apuntó entonces que la catalogación no afectaba a la propiedad, pero sí dejó claras las intenciones sancionadoras de la Dirección de Patrimonio. De hecho, el anterior Gobierno autónomo tuvo tiempo de iniciar este trámite con el propietario del castillo de Pambre (Lugo), que tampoco admitía visitas, a pesar de que su propiedad también terminó catalogándose como BIC en contra de su voluntad.