La Xunta deberá desvelar esta semana si cumple lo prometido o revisa los plazos
06 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El inicio del nuevo curso parlamentario pondrá a prueba, y además lo hará por partida doble, la capacidad de respuesta del Gobierno de Núñez Feijoo para aplicar la ley de dependencia en Galicia y empezar a liquidar las ayudas reconocidas a muchas personas incapacitadas, enfermas o ancianas, por las que llevan esperando, en algunos casos, más de año y medio.
La ley de dependencia será uno de los asuntos centrales del pleno con el que el pazo de O Hórreo abrirá el nuevo período de sesiones el próximo martes. Y lo hará de la mano del Valedor do Pobo, que tendrá oportunidad de subir a la tribuna de oradores para exponer la letra menuda de un informe anual en el que se cargan las tintas contra los incumplimientos de la Xunta en materia de dependencia. Por una curiosa coincidencia, posiblemente buscada por el Ejecutivo popular, será la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, la encargada de comparecer instantes después para trazar la hoja de ruta que seguirá el Gobierno en este asunto, mientras el líder del PSdeG, Pachi Vázquez, se reserva la posibilidad de llevar este asunto el miércoles a la sesión de control, pues ayer mismo se quejaba de que al equipo de Feijoo y a algunos medios informativos «deixou de interesarlles» las reclamaciones hechas por los particulares.
El debate sobre la dependencia viene precedido de los compromiso adquiridos por el propio Feijoo tras su toma de posesión como presidente de la Xunta, cuando garantizó que los grandes dependientes, los que tienen reconocido el grado III y que muchas veces no se valen por sí mismos ni para darse una vuelta en la cama, cobrarían sus prestaciones en el plazo de cuatro meses, mientras el resto de los valorados lo harían antes de finales del 2009.
Pero por ahora, el compromiso del Gobierno es poco menos que un papel mojado, pues desde la Xunta no se han dado pasos sustantivos para garantizar que el dependiente que tenía reconocida su situación de dependencia en junio del 2008 esté percibiendo ahora la prestación correspondiente, merced a que el PP lleva cinco meses en la Xunta y logró poner orden en esta cuestión.
Es más, la Administración autonómica incluso puede verse tentada de replantear los plazos que ella misma se autoimpuso antes del verano y con los que apremiaba de forma insistente al anterior bipartito. Argumentaciones como el desfase financiero destapado en la Xunta, la crisis económica o la tacañería de Madrid a la hora de traspasar fondos a Galicia no le van a faltar, pues se pueden invocar con igual indolencia para suprimir un alcantarillado, demorar las ayudas a dependientes o recortar el préstamo de libros de texto. Pero, atención, porque algo de inmoral tiene que se liciten sin discusión 40 millones de euros para cementar el Gaiás y se racanee la asistencia para quien realmente la precisa.