El Gobierno central ha abierto un resquicio legal para rebajar las exigencias que soportan cientos de gallegos que residen en viviendas afectadas por la Ley de Costas. La introducción de una enmienda al marco normativo que regula la navegación marítima, dependiente de los ministerios de Justicia y Fomento, permitirá enajenar (vender y comprar) las casas ubicadas dentro del dominio público marítimo-terrestre, que están sujetas a una concesión del Estado y que en la actualidad no son transmisibles.
Esta flexibilización legislativa, que en todo caso queda sujeta a la autorización administrativa, no merma el rigor proteccionista impuesto por la Ley de Costas de 1988, pero permite dar respuesta al descontento que suscitó su aplicación en los afectados, con la conversión de lo que era una propiedad en una concesión. En principio, la concesión inicial es por 30 años, prorrogable por otros 30. El profesor José Luis Meilán Gil explica que esa concesión se aplicó de algún modo como justiprecio por lo que, en la práctica, era una expropiación de sus fincas para los propietarios anteriores a la ley de 1988. Con la disposición adicional introducida en la Ley de Navegación Marítima se permite, subraya Meilán, que «pueda haber un tráfico mercantil de las concesiones». En todo caso, esa posibilidad de enajenar la concesión no afecta al uso y aprovechamiento de la parcela situada en dominio público, que es el mismo que tenía en el momento de la entrada en vigor la Ley de Costas.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña Javier Sanz apunta que «la aplicación estricta de la ley ha resultado problemática», pero aclara que la apertura de la vía para el intercambio de la concesión en dominio público no supone una liberalización.
Deslinde sin completar
La repercusión de esta medida legislativa en Galicia es difícil de cuantificar, porque el deslinde de la costa está todavía sin completar. Según fuentes consultadas en la Dirección Xeral de Urbanismo, el número no será muy elevado, aunque solo en el concello de Moaña hay más de un centenar de afectados por el trámite administrativo por el que el Ministerio de Medio Ambiente delimita el espacio de la costa considerado de dominio público y el de uso privado.
El impacto del deslinde realizado por Costas ya obligó, en diciembre pasado, a la Consellería de Política Territorial a promover una enmienda para modificar la Lei de Ordenación Urbanística 9/2002 y legalizar algunos núcleos del litoral afectados. Esa enmienda, que pactaron los tres grupos parlamentarios y fue incorporada a la Lei de Vivenda, reconoce como suelo urbano los enclaves consolidados anteriores a 1988, una medida que mitiga las restricciones de Costas en al menos una decena de concellos con núcleos de población amenazados por situaciones de parálisis urbanística, expropiación e incluso órdenes de derribo. En esa situación se encontraban los municipios costeros de Marín (con cinco núcleos afectados), Redondela, Gondomar, Vilaboa, A Illa de Arousa, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Dumbría, Ponteceso y Malpica.
Eso sí, la enmienda pactada en el Parlamento permitirá una salida legal a los núcleos costeros de esos concellos que ya existían antes de la ley de 1988, pero no protegerá a las urbanizaciones promovidas en el litoral gallego después de la entrada en vigor de esa normativa.