La operación abierta en la Jefatura Provincial de Tráfico fue anticipada en exclusiva por La Voz de Galicia a finales de octubre. Por aquel entonces, la noticia supuso las quejas de los funcionarios que emitieron un comunicado en el que, entre otras cuestiones, apelaban a la responsabilidad de los medios, entre otras cuestiones, para no servir de «altavoz de rumores infundados». La operación de la jueza también llegó a ser minimizada en algunos medios de comunicación.
Ya en su momento se informó de que la jueza comenzó a tirar del hilo como consecuencia de una investigación por tráfico de drogas que abrió la primavera pasada. En la misma y, a través de unas escuchas telefónicas pudo concretarse que una persona se ofreció a otra (las dos que ahora fueron detenidas) a quitarle unas multas de tráfico a través de una funcionaria «amiga» que, presuntamente realizaba dicha tarea a cambio de una comisión.
Recursos inexistentes
Al parecer, quien se ocupaba de los trámites desde dentro hacía constar en los expedientes de cada una de las multas -que luego eliminadas- que se había presentado un recurso contra las mismas. Sin embargo cuando el instructor procedía a resolver, se encontraba con que no aparecían las alegaciones. Ante esta situación, el instructor no podía contestar a las reclamaciones. Solo le quedaba la posibilidad de sobreseer el expediente. Quien esta mecánica aplicaba creía que nunca le descubrirían porque era muy difícil comprobar que todas las anulaciones respondía a un mismo motivo. Posiblemente hubiese seguido impune su actuación si no fuese por las escuchas telefónicas y el amplio trabajo posterior de la juez María Estela Sanjosé Asensio.