El caso que se abrió en el Tribunal Supremo en el 2004 contra el entonces presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, por el presunto pago irregular de dietas de asistencia a los vicepresidentes, dio ayer un último e inesperado giro. Toda la responsabilidad podría recaer ahora sobre quien era vicepresidente primero de la Diputación y alcalde de Ribadeo, José Carlos Rodríguez Andina, y sobre dos funcionarias de la Diputación.
Cacharro Pardo ya quedó liberado de acusación por el Supremo en un primer momento. El alto tribunal consideró que el pago de dietas por asistencia a despacho o a actos oficiales no afectaba directamente al presidente, sino a los vicepresidentes, y en principio se ajustaba a derecho.
Una vez eliminada la acusación contra Cacharro -aforado por ser senador- el caso volvió a los tribunales ordinarios de Lugo para seguir el trámite contra los cuatro vicepresidentes y diputados, además del interventor de la Diputación y dos funcionarias.
Después de bastantes meses en los juzgados, el fiscal jefe de Lugo contestó la pasada semana los recursos de todos los imputados. En su escrito concluye primero que el Tribunal Supremo absolvió a Cacharro pero no examinó el caso de los vicepresidentes, por lo que el propio fiscal entra a valorar cada caso. Sostiene que en ninguno puede entenderse que haya prevaricación, ya que el pago de dietas se regula en el artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, y por tanto pertenece al derecho administrativo, y no al penal. La discusión sobre la supuesta ilegalidad por que los vicepresidentes cobrasen dedicaciones y al mismo tiempo dietas también la circunscribe el fiscal al derecho administrativo y entiende que tampoco hubo malversación de fondos públicos.
En definitiva, el fiscal jefe propone la absolución completa para los vicepresidentes de la Diputación Julio Álvarez (entonces, y hoy también, alcalde de Quiroga), Antonio Muíña (alcalde de Friol), Luis Rego Valcarce (que era regidor de Mondoñedo) y Fe Rodríguez Rocha (que era alcaldesa de Lourenzá). Sin embargo, propone que a José Carlos Rodríguez Andina, vicepresidente primero de la Diputación -y entonces alcalde de Ribadeo- se le impute falsedad documental porque en más de una ocasión cobró dietas por asistencia a despacho mientras estaba de viaje en el extranjero. Por el mismo motivo, al fiscal pide que se les impute el mismo delito a dos funcionarias que se encargaban de gestionar la agenda y las dietas, María del Carmen Mato Lence y Enma Sánchez Vila. También pide el sobreseimiento provisional de la acusación contra el interventor, José Antonio Ferreiro Fernández. La titular del Juzgado número 3 de Lugo aceptó todas las peticiones del fiscal, e imputó a Andina y a las dos funcionarias, exculpando a otros cuatro.