Algunos afectados por la autopista entre Santiago y el alto de Santo Domingo siguen sin recibir las indemnizaciones por los terrenos ocupados hace más de seis años
02 feb 2008 . Actualizado a las 02:24 h.Hace más de seis años que las máquinas comenzaron a ocupar fincas para la construcción de la autopista AP-53 entre Santiago y el alto de Santo Domingo. Los vehículos comenzaron a utilizarla en diciembre del 2002 hasta Silleda. Sin embargo, algunos de los propietarios de los terrenos tomados para esta vía siguen aguardando el cobro de las expropiaciones. Este es el caso de algunos vecinos de la parroquia silledense de Cervaña.
El no haber aceptado la propuesta económica inicial que les presentaron en los levantamientos de actas como compensación por sus fincas tiene a vecinos de Cervaña aún sin recibir ninguna compensación económica por ellas, e inmersos en un largo proceso que, en algunos casos, está ahora en el juzgado. Aunque el Jurado Provincial de Expropiación ya fijó las cuantías que Autopista Central Gallega debe abonar a los expropiados, parte de ellos ni así han cobrado. Así lo explica el presidente de la asociación de afectados Afaca creada en la parroquia silledense, Ramón Rodríguez. «Agora estamos no contencioso-administrativo porque a empresa non aceptou pagar o establecido no xustiprezo», manifestó el portavoz vecinal y uno de los afectados por esta situación.
Desacuerdo con el justiprecio
El proceso judicial en el que ahora están inmersos afectados de Cervaña lo acaban de superar otros de su parroquia vecina de Moalde. La empresa Autopista Central Gallega recurrió el fallo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Pontevedra, al estar en desacuerdo con el justiprecio fijado por siete fincas. El organismo fijaba como indemnización 9 euros por el metro cuadrado expropiado de prados, mientras que la empresa concesionaria solo estaba dispuesta a abonar 1,8 o 2,7 euros por metro cuadrado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó el precio fijado por el justiprecio, corrigiendo únicamente la cantidad del terreno afectado, puesto que había un error en los metros cuadrados.
El pago de las indemnizaciones no es la única lucha que se mantiene activa cinco años después de abrir la autopista. El colectivo Afaca está pugnando con Acega por la reparación de destrozos durante la construcción de la vía, que cerraron accesos a fincas y destruyeron manantiales. La falta de una salida a este conflicto llevó a los vecinos a impedir trabajos en el enlace con A Estrada en sus fincas, ya que están sin expropiar. Esta misma semana se celebró un nuevo encuentro con la delegada provincial de Pontevedra para lograr una solución, pero sigue sin cerrarse.
Lo sucedido con las expropiaciones de la AP-53 se está repitiendo también con los trabajos del AVE. Una vecina de Vilar do Xestal (Lalín), Cristina García, explica que desde que el año 2004 empezaron con las actas previas por la ocupación de sus fincas y, a pesar de que las máquinas comenzaron a ocuparlas en el 2006, aún no han recibido ninguna indemnización y están pendientes de lo establecido en el justiprecio. En su caso, la nueva vía férrea también obligará a derribar su casa, por la que ni tan siquiera le ofrecieron valoración.
Ya hubo ejemplos anteriores. En Merza (Vila de Cruces) quince vecinos tardaron ocho años en cobrar las indemnizaciones por el paso de una línea de alta tensión de REE.