Un contrato que el PP dejó sin adjudicar y que el bipartito dio a la constructora que controla Audasa
GALICIA
Las acusaciones del PP sobre los supuestos intereses personales de la conselleira de Política Territorial en la adjudicación del vial de Barbanza abren un nuevo capítulo en los ataques de los populares al bipartito por la resolución del concurso. Las fricciones sobre un proceso que el Ejecutivo de Fraga dejó sin adjudicar en junio del 2005, porque se encontraba ya en funciones, se centraron de entrada en las diferencias sobre el sobrecoste que acarreaba la oferta elegida. El PP propaló la tesis de que la adjudicación por el sistema de concesión a la constructora Sacyr supone un sobrecoste de 30 millones de euros respecto a la oferta de San José, pero el bipartito sostiene que la diferencia ronda los 46.000 euros.
El PP relacionó la elección de Sacyr, la empresa que controla a la concesionaria de la AP-9, Audasa, con la negociación del bipartito para rebajar los peajes en Rande y A Barcala. De ese escenario de disputa política, la oposición saltó la semana pasada a acusaciones personales de prevaricación. El Gobierno enmarca los ataques en una estrategia del PP para eclipsar la labor de la comisión que investiga el despilfarro detectado por el Consello de Contas en la gestión del Gaiás.