Según el portavoz del PSOE, ambas formaciones pactaron una proporción del 75 frente al 25% Ayer, tras la primera reunión, los dos grupos destacaron que habrá un «cambio histórico»
09 jul 2007 . Actualizado a las 07:00 h.Más de hora y media de negociación en un céntrico hotel de Lugo sirvió ayer para que PSOE y BNG comenzasen a perfilar el posible bipartito que regirá la Diputación lucense a partir del sábado. Al término de la sesión, en la que participaron cuatro representantes de los socialistas y tres de los nacionalistas, ambas delegaciones comparecieron por separado pero con un trasfondo similar: el cambio histórico que vivirá la provincia y la necesidad de cerrar un acuerdo para acometer una mudanza profunda en las políticas y en las formas de hacer política de la Diputación, impulsando la transparencia. «O sábado acabarase con 24 anos de goberno autoritario, presidencialista e clientelar nesta provincia, que deixará de ser noticia por representar as formas máis antergas do caciquismo político», enfatizó el secretario provincial del PSOE, Luis Ángel Lago Lage, que estuvo acompañado por el probable futuro presidente provincial, José Ramón Gómez Besteiro; el portavoz socialista en el organismo, Manuel Martínez; y la concejala de Cervo y próxima diputada, Lara Méndez. Al parecer, la representación de cada partido en el gobierno de coalición se fijará en función de los votos logrados el 27-M y del número de diputados electos: 11 socialistas y 3 nacionalistas. «O BNG terá un 25% de representatividade e o PSOE, un 75%», señaló el senador socialista, quien calificó el encuentro como «fructífero» y expresó su confianza en que el pacto culmine en la segunda reunión de mañana. Por su parte, el actual portavoz del BNG en la Diputación, Antón Bao, quien negocia junto con Antonio Veiga y María Xosé Vega Buxán, declinó poner calificativos a la «primeira toma de contacto», destacando que «non van ser unhas negociacións de trámite, hai moitas cuestións aínda que resolver». El BNG insistió en «dotar de criterios claros e obxectivos á distribución de recursos» y en que las diputaciones deben ser controladas por el Gobierno gallego, «para que non signifiquen un contrapoder da Xunta e non se dupliquen competencias».