Touriño proclama que se acabó el «todo vale» en el urbanismo a menos de 500 metros del mar El Consello eleva al Parlamento el proyecto que impide construir en 3.000 hectáreas de la costa
08 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.La Xunta remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley más ambicioso de su historia para proteger la costa gallega de la desaforada presión urbanística que la amenaza. El procedimiento de urgencia por el que se tramitará la norma que prohibirá de forma cautelar la construcción en 3.000 hectáreas de suelo urbanizable situadas a menos de 500 metros del mar posibilitará su entrada en vigor en un plazo aproximado de dos meses, por lo que, en cualquier caso, comenzará a aplicarse antes de las elecciones municipales del próximo 27 de mayo en los 87 municipios afectados. Emilio Pérez Touriño sintetizó con un mensaje inequívoco la trascendencia de una herramienta jurídica que permitirá ordenar la franja más sensible del territorio: «Con esta lei acabouse o todo vale». El presidente refrendó que las decisiones en materia de urbanismo están al margen de cualquier interés partidista o agenda electoral. En la práctica, impedirá la edificación de los concellos costeros en ese terreno, que preveían aumentar en un 40% las 8.000 hectáreas a menos de 500 metros del mar que ya están clasificadas como suelo urbano. Entre el 2000 y el 2005, el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia visó 120.000 viviendas en los municipios costeros. Carácter transitorio El veto transitorio al ladrillo será de aplicación al menos hasta finales de año, de acuerdo con el calendario de Urbanismo para aprobar el Plan del Litoral. Este documento, en que Política Territorial trabaja con intensidad, definirá al detalle la franja de protección en cada municipio, según sus características y actividad productiva. Ese plan será el que ordene realmente un impacto urbanístico que tiene su motor en la demanda de segunda residencia. La otra condición que impondrá la ley para que los municipios puedan construir a menos de 500 metros del mar es que los concellos adapten sus planeamientos a la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 9/2002. Aunque el plazo de tres años que habilitó la norma para esa adecuación expiró el 1 de enero del 2006, sólo 11 concellos tienen los deberes hechos, y ninguno está en la costa. Claro que la Xunta tampoco cumple. La ley autonómica, que será reformada por segunda vez, fijó dos años para la ordenación litoral, pero el plan no llegará hasta finales del presente ejercicio, con más de tres años de retraso. Touriño aseguró que la Xunta aplicará los mecanismos legales a su alcance para controlar las licitaciones en los dos meses que restan hasta la entrada en vigor del marco legislativo.