El bipartito pide al Gobierno central la gestión sobre los permisos de conducir

Serafín Lorenzo SANTIAGO

GALICIA

ÓSCAR CELA

Aspira a superar las competencias de tráfico que tienen encomendadas vascos y catalanes Vicepresidencia aduce que la transferencia de la seguridad vial reduciría la siniestralidad

09 jun 2006 . Actualizado a las 07:00 h.

El Gobierno gallego aspira a superar el techo competencial alcanzado por el País Vasco y Cataluña en materia de tráfico, con la transferencia por parte del Gobierno central de las funciones para expedir y revocar carnés de conducir. El documento que Vicepresidencia remitirá al Ministerio de Administraciones Públicas para solicitar la constitución de un grupo de trabajo y negociar la transferencia incluye la demanda de la potestad para realizar las pruebas del permiso de conducir y las relativas a la matriculación y expedición de permisos o licencias de circulación. El traspaso en esos tres ámbitos situaría a Galicia como la comunidad con mayor capacidad de gestión en tráfico, ya que los Ejecutivos vasco y catalán no tienen encomendadas esas funciones. El estudio elaborado por Vicepresidencia detalla diez facultades más que la Xunta pondrá sobre la mesa de negociación, que son las que, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución, ejerce ahora el Estado en el ámbito del tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Se trata de la vigilancia y el control del tráfico, la denuncia y sanción de infracciones, la gestión y regulación del tráfico en vías interurbanas, la investigación sobre accidentes, la coordinación de la prestación de asistencia sanitaria en las vías públicas, la adopción de medidas de vigilancia y restricciones en carreteras, la planificación y realización de las campañas de educación y formación viaria, el control sobre la apertura y cierre de autoescuelas, la autorización de pruebas deportivas en Galicia y el cobro de derechos o tasas derivados del ejercicio de las competencias transferidas. La idea central en la que Vicepresidencia sustenta su reclamación es que el traspaso de la gestión permitirá reducir la siniestralidad en las carreteras en un país con un índice de accidentes superior a la media española, que a su vez rebasa el promedio europeo. El departamento de Anxo Quintana recopila datos reveladores. En el 2004, Galicia registró 2,36 víctimas mortales en siniestros de tráfico por cada 1.000 habitantes, cuando la media de España fue de 1,73. El índice de personas que perdieron la vida en las carreteras gallegas aumentó en el 2005 un 0,4%, mientras que en el conjunto de España la mortalidad bajó un 5,2%. Vicepresidencia cruza estos y otros datos con el balance de la siniestralidad en Cataluña, para concluir que la cesión de competencias (en 1997) propició una reducción de los accidentes con víctimas en esa comunidad del 44,48% en el período 2000-2004, frente a un recorte de los siniestros en España del 2,09%. Vicepresidencia cuestiona de forma implícita la política de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Galicia. Considera insuficiente la relación de tramos calificados como puntos negros, cuando un estudio del Instituto Mapfre de Seguridad Vial sitúa a Galicia como la comunidad con menos tramos blancos (aquellos de al menos 25 kilómetros en los que no se registraron accidentes con víctimas mortales durante cinco años consecutivos). Galicia tiene el 7% de los puntos negros de España (68 sobre un total de 959), pese a que sólo el 4,7% de sus carreteras son tramos blancos (la media es del 12%). Otro factor que esgrime la Xunta es la menor inversión estatal en la red gallega de carreteras, que en el 2003 fue de 21.620 euros por kilómetro, mientras que en España ascendió a 34.180. Vicepresidencia recuerda que tanto la meteorología como la orografía afectan al tráfico en esta comunidad.