«Apercibimiento de lanzamiento» en Cee. Con este eufemismo los responsables de Hacienda apremian a Celia Romero para que deje libre la finca donde edificó su vivienda hace 34 años.
01 jun 2006 . Actualizado a las 07:00 h.CELIA Romero Romero no es famosa ni ganas que tiene de serlo. Pero la dura ley (concretamente el artículo 41 de la Ley Hipotecaria) la ha sacado de su tranquilo discurrir de pensionista y la hace noticia. Celia no tuvo lo que se dice una educación selecta. Nació hace más de setenta años en Carnés (Vimianzo), y los trabajos y el matrimonio la llevaron a la vecina Cee. Se instaló hace 34 años en Pereiriña. Era por entonces cuando los más espabilados del medio rural reclamaban tierras de monte común con cualquier excusa en aplicación de la parcelaria. Muchos se pusieron las botas con aquello, pero Celia Romero no reclamó nada: «Todos os veciños colleron terreos e ninguén tivo problemas», explica. Su parcela, además, es de las pequeñas. La Administración General del Estado la valora en 8.750 euros, pero nadie en el pueblo pagaría tanto. En ese cuadrado de tierra Celia y su marido construyeron su casa. La hicieron ellos, a base de bloque desnudo, el mismo que constituye el único tabique de separación interna. Cemento por dentro y por fuera, por falta de recursos para hacer otra cosa. Cuenta la mujer que nunca le dijeron nada, y enseña sus recibos de la contribución urbana que Hacienda no tuvo reparo en cobrarle. Por eso se sorprendió cuando, hace un par de meses, le llegó una citación judicial diciéndole, básicamente, que hiciera las maletas porque aquello no era suyo. La investigación para llegar a tal conclusión comenzó en 1997 y, con la premura habitual en la Administración, le comunican ahora que su casa, que lleva 34 años en pie, no está donde debería. El Estado le pide que deje la finca libre «bajo apercibimiento de lanzamiento», que suena más o menos como si la fueran a catapultar de su casa. Ella, con sus 301 euros de pensión mensual, irá a juicio el 5 de junio. El rigor de Hacienda con Celia contrasta con su indulgencia ante conocidos clubes de fútbol, que deben millones al fisco y no son sancionados ni intervenidos.