Las órdenes judiciales afectan a grandes urbanizaciones del casco urbano y chalés de lujo El PP se encomienda al nuevo Plan General para eludir indemnizaciones multimillonarias
14 sep 2005 . Actualizado a las 07:00 h.El Concello de Vigo ha recibido en las últimas semanas en torno a media docena de providencias judiciales instando al derribo de edificaciones. Además de las torres Ífer y los cinco bloques de apartahoteles de Samil, en la lista figuran grandes urbanizaciones de Castrelos, Jacinto Benavente, A Pastora y Fragoso y unos chalés de lujo situados junto a la playa de Canido. En total, hay más de 900 viviendas afectadas. La mayor parte de estas construcciones anuladas por los tribunales se levantaron al abrigo de licencias del Gobierno tripartito que encabezó Carlos Príncipe (1991-1995), aunque una de ellas corresponde al mandato anterior de Manuel Soto y otra al posterior de Manuel Pérez. La popular Corina Porro se ve ahora en el trance de administrar una difícil herencia: una cascada de requerimientos de los jueces con apercibimiento de incurrir en un posible delito de desobediencia. En buena parte de los autos, exhortos y providencias se advierte a la alcaldesa que debe nombrar un funcionario responsable de la ejecución de las sentencias a fin de no dilatar más la situación. Una de las actuaciones afectadas es la Colina de Castrelos, urbanización de 104 viviendas conocida como O Piricoto y que el Tribunal Supremo ha condenado a la demolición. Muy cerca, junto al primer cinturón, están los bloques de A Pastora que tienen 207 pisos y que también han sido sentenciados. A la relación hay que sumar 182 viviendas más en la calle de Jacinto Benavente, junto al centro comercial Toys R'us, y una docena de lujosas viviendas en Canido. El gobierno vigués se encomienda al nuevo plan general para tratar de legalizar los edificios -aunque algunos técnicos dudan que sea posible-. El PP sostiene que la ciudad no puede estar más tiempo sin el documento urbanístico, que desea aprobar definitivamente el próximo mes de noviembre. «Está claro que en el Concello estamos muy preocupados, los tribunales están agilizando y ultimando las órdenes de ejecución y tenemos a nuestros servicios jurídicos trabajando para intentar buscar soluciones», explicó ayer a La Voz el concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa. Humano El número dos del gobierno local hace hincapié en el problema social que esconde esta situación: «Estamos hablando de muchas familias que adquirieron viviendas de buena fe; se trata de una cuestión humana, no sólo jurídica». Manuel Figueroa no oculta tampoco el quebranto económico que se puede producir para las arcas municipales. «Hay muchos millones de euros en posibles indemnizaciones a los que tendría que hacer frente el Ayuntamiento», asegura.