Los redactores del nuevo documento urbanístico no admiten objeciones de Política Territorial La futura ordenación de la ciudad irá al pleno municipal la víspera de Nochevieja
25 dic 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El nuevo Plan General de Vigo afronta una caliente recta final. El gobierno local desea aprobarlo sin más demora. Prueba de ello es que, tras fijar un pleno extraordinario para el día 30, víspera de Nochevieja, ha ignorado las protestas de una parte de la oposición y también ha pasado por alto 75 objeciones realizadas por los técnicos de la Xunta. Los redactores del documento que prevé el desarrollo de la ciudad en la próxima década han acusado a la Dirección Xeral de Urbanismo de «invadir aspectos de exclusiva competencia municipal». El equipo que se encarga del Plan General, Consultora Galega, ha replicado con contundencia a un informe previo de la Xunta. Admite bastantes sugerencias en materia de documentación y de planos, pero rechaza rotundamente no ya corregir algunos aspectos de calado (tipologías de edificaciones, ancho de viales, calificaciones de suelo), sino simplemente motivar determinadas decisiones. Competencia municipal Los técnicos de la firma que redacta el nuevo documento advierten de que la fijación de objetivos, la elección de un concreto modelo de ciudad o la estrategia a seguir es algo que solamente compete al Ayuntamiento. «Dito con todos os respetos, son aspectos sobre os que a Administración autonómica non debería de pronunciarse», apunta la consultora dirigida por Daniel Pino y Juan Zumárraga. Otra de las observaciones que hacen al informe firmado en su momento por el director xeral de Urbanismo, Martín Fernández Prado, y el subdirector Vicente Ruiz, es que parecen desconocer la jurisprudencia existente que avala la decisiones del Concello. Impacto La Consellería de Política Territorial hizo bastante hincapié en lo que consideraba fallos importantes de la propuesta del Plan General. Uno de ellos era el referido al impacto ambiental y paisajístico de algunas infraestructuras. Otro, las previsiones de crecimiento y el elevado número de viviendas que se pretenden construir, para lo que pedía racionalidad. También reclamaba cuidado con las torres a construir y que se justificasen determinadas clasificaciones de suelo o recomendaba que no se edificasen algunas parcelas. Incluso recomendaba acreditar los convenios o compromisos que garanticen las cargas de financiación asignadas a otras administraciones, como la Xunta o Fomento. El Concello, que no tiene obligación de someterse a un nuevo dictamen de la Xunta antes de la aprobación inicial, estaba en desacuerdo y ha ignorado las objeciones.