Análisis Grandío sigue sin convocar al consejo de la Autoridad Portuaria. La Abogacía del Estado aún no le ha entregado el estudio que pidió para adjudicar las obras de Langosteira
21 nov 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Hoy se cumplen dos semanas desde que la Autoridad Portuaria coruñesa solicitó a la Abogacía del Estado el informe jurídico sobre la adjudicación del puerto exterior. Transcurrido ese plazo, en el despacho de Guillermo Grandío no hay rastro del documento. ¿Llegará el informe a tiempo para que Grandío cumpla su deseo y convoque este mes al consejo para estudiar la adjudicación de la obra? Más aún, «¿llegará el dichoso informe algún día?», se pregunta un consejero del Puerto. Hay indicios de que sí, de que el dictamen llegará, pero el elevado tiempo de cocción hace temer que será un plato complejo y de difícil digestión. A día de hoy, las posturas en el consejo de la Autoridad Portuaria están decantadas. De 25 miembros, 9 representan a la Xunta (PP) y están a favor de la adjudicación, pero quieren que se certifique que los consejeros no incurren en responsabilidad legal si dan vía libre a la obra sin garantizar su financiación. Otros ocho consejeros serían afines al PSOE, pues representan al Ayuntamiento y al Gobierno central. Su tesis también es favorable a la adjudicación, pero los enviados de la Administración central condicionan su voto a la llegada de los fondos europeos. El informe encargado por Grandío debería despejar dos interrogantes: ¿Los consejeros pueden adjudicar la obra y dormir tranquilos, sin haber hipotecado su patrimonio? Y, ¿es legalmente viable adjudicar una contrata de forma condicionada? La primera pregunta podría tener una respuesta positiva. La licitación publicada en el BOE no hacía mención a los fondos comunitarios, así que los consejeros no serían culpables de nada. Y el segundo interrogante ya es cosa de especialistas. Además, si la respuesta fuera positiva, ¿aceptaría Dragados iniciar la obra antes de que haya noticias de Bruselas? No es del todo descartable, siempre que se pueda negociar. En prevención de que la Abogacía del Estado se despache con una «larga cambiada», en palabras de un alto funcionario de la Xunta, la Administración autonómica prepara su propio estudio. Y en el centro de las miradas está Consuelo Castro, una letrada que se estrena como jefa de la Abogacía del Estado en A Coruña. Aunque nadie duda ya de que los papeles han viajado mucho estos días.