Un juez federal de Washington prohíbe que el conductor del líder de Al Qaida sea juzgado en la base militar de Guantánamo por un tribunal militar de Estados Unidos
09 nov 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Un juez federal estadounidense asestó ayer un duro golpe a la Administración Bush al prohibir que los tribunales militares juzguen al ciudadano yemení Salim Ahmed Hamdan, secuestrado en la base militar de Guantánamo (Cuba) bajo la acusación de haber colaborado con Al Qaida desde su cargo de chófer del mismísimo Bin Laden. Los argumentos del juez James Robertson se basan en que Salim Ahmed Hamdan no puede ser sometido a un juicio militar sin que un tribunal civil lo declare antes combatiente enemigo, la categoría jurídica creada por el Gobierno de EE.?UU. para privar a los presos de Guantánamo de las garantías con las que la Convención de Ginebra protege a los prisioneros de guerra. La decisión, además, abre la vía para que la medida se aplique a todos los detenidos de la base, ninguno de los cuales ha sido declarado hasta ahora combatiente enemigo por un juez civil. Protección «A menos que un tribunal competente determine que el solicitante no merece las protecciones garantizadas para prisioneros de guerra bajo el artículo 4 de la Convención de Ginebra, no podrá ser procesado en una comisión militar por los cargos que se le han imputado», señala el auto de Robertson, en respuesta a una demanda presentada por la organización Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), y de la que informó ayer la agencia Efe. El yemení, de 34 años de edad, es el primero de los cuatro presos sometidos a los tribunales militares que el Gobierno de Bush creó para enjuiciar a los detenidos en Guantánamo. El CCR elogió ayer la decisión y consideró que, como resultado del fallo, «los tribunales militares han quedado suspendidos indefinidamente». «Los tribunales militares eran una mala idea y una vergüenza», dijo en un comunicado Michael Ratner, presidente de la organización, con sede en Nueva York. A pesar de que los presos de Guantánamo fueron hechos prisioneros durante una guerra, EE.UU. no los considera como tales, lo que le permite obviar la aplicación de cualquier garantía legal. Además, Bush decidió recluirlos allí porque, según su Gobierno, ese territorio no es suelo estadounidense y en él no rigen los derechos civiles de los que se vanagloria su Constitución. El resultado de esa treta legal es que los presos de Guantánamo no han sido informados de las acusaciones que pesan sobre ellos, y, a pesar de que se les podría condenar a muerte o a cadena perpetua, no tienen derecho a asistencia letrada, ni a a visitas de familiares, ni al amparo de la Cruz Roja. Juez y parte El Ejército de EE.UU. ejerce a la vez el papel de carcelero, acusador, abogado, fiscal y juez de quinientos ciudadanos de 35 nacionalidades distintas cuyos derechos humanos, según Amnistía Internacional (AI), se violan a diario: son sometidos a humillaciones psicológicas y a torturas como la privación del sueño y la alteración de sus percepciones sensoriales, y los antencedentes de Abu Ghraib hacen pensar que eso no es lo peor. Según AI, ya ha habido varios intentos de suicidio. El Departamento de Estado ha anunciado que recurrirá la decisión, y alega que aplicar a los presos de Guantánamo la Convención de Ginebra -que sí disfrutaron, por ejemplo, los jerarcas nazis juzgados en Nuremberg tras el holocasto- supondría conceder al terrorismo «las mismas bases jurídicas que las de las guerras dirigidas por razones legítimas». Aunque, precisamente, eso es lo que ha dejado claro ahora el juez Robertson: que nadie, ni siquiera el presunto chófer de Osama Bin Laden, puede ser privado de esas garantías si antes no se demuestra en un juicio justo que ha cometido el crimen del que se le acusa.