La Justicia gala ha impuesto dos multas de 300.000 euros al capitán y al patrón de pesca Este examen determinaría la zona en la que faenó el pesquero apresado en isla Reunión
20 ago 2004 . Actualizado a las 07:00 h.Primero fue que no, luego que sí y, finalmente, de nuevo que no. La Justicia francesa ha mareado la perdiz hasta exasperar a la armadora gallega propietaria del Apache , el palangrero con bandera de Honduras que fue apresado el pasado 25 de junio por un supuesto delito de pesca ilegal en aguas de las islas Kerguelen, que están bajo administración de la isla de Reunión, un departamento galo situado en el Índico. Los abogados de la compañía plantearon desde un primer momento su petición de realizar pruebas de ADN al pescado que llevaba en sus bodegas, unos análisis que demostrarían, según su versión, que fue capturado fuera de la jurisdicción francesa. Hace unos días se celebró en Reunión la vista oral y la jueza de turno denegó a la defensa de la armadora la ejecución de estos exámenes. La decisión fue sorprendente pues otro magistrado se había manifestado a favor con anterioridad, un pronunciamiento que, a su vez, rebatía la negativa inicial de las autoridades francesas. En la práctica, lo que quiere demostrar la firma gallega es que la merluza fue capturada en el mar de Ross, en un banco conocido como el de Williams, una zona para la que sí tiene autorización, y no en las islas Kerguelen. Según la tesis de la armadora, este pescado presenta diferencias con el anterior, un hecho que podría demostrarse con las pruebas de ADN. Renuncia Antonio Vidal, el propietario del Apache , admite que el proceso legal en la isla está resultando muy complejo por las dificultades que está poniendo la Justicia local. «Alí non se pode facer nada, primeiro deixábannos face-las probas e agora resulta que non. Parece que todo o mundo está compinchado». Vidal asegura que prácticamente van a renunciar al proceso en Reunión para centrarse en las apelaciones hasta llegar al Tribunal Supremo, en París. A su juicio, las autoridades galas han cometido graves irregularidades, pues la legislación francesa no permite confiscar el barco (que sigue retenido en Reunión), sino que prevé multas y otras sanciones para este tipo de casos. Sea como fuere, lo cierto es que el proceso legal en Reunión está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para el armador del Apache . La vista celebrada hace unos días dejó otro serio revés, toda vez que el juez que instruye el caso impuso una multa de 300.000 euros al capitán del pesquero, el uruguayo Ricardo Debali, y otra de idéntico importe al patrón de pesca, un marinero de Ribeira. Francia sostiene que el palangrero con bandera de Honduras es un barco pirata que capturó de forma irregular 60 toneladas de merluza negra y acusa a su capitán de no haber acatado las órdenes de detenerse procedentes de una de sus patrulleras, la Albatros . El armador, por su parte, mantiene que el apresamiento es ilegal por dos motivos: porque la embarcación disponía de autorización para navegar por la zona económica exclusiva de las islas Kerguelen y, por otro lado, porque el pesquero fue apresado varios días después de haber entrado en el área francesa, cuando ya se encontraba en aguas internacionales y sin que hubiese una persecución en caliente. En este sentido, precisa que el capitán se negó a que los inspectores franceses subiesen a bordo debido a que navegaban fuera de su zona de jurisdicción y, además, no habían recibido permiso de Honduras para acceder al buque. A principios del mes que viene se celebrará una segunda vista en la que se volverá a retomar el caso.