Pretende restar tensión política al debate con una cesión limitada de las competencias que reclama Galicia La comunidad esgrime que un buen transporte aéreo es un factor estratégico
11 jul 2004 . Actualizado a las 07:00 h.La próxima negociación sobre el traspaso a Galicia de las competencias de gestión de los aeropuertos arrancará con planteamientos divergentes por parte de los Gobiernos autonómico y central. La Xunta demanda la cesión por la Administración del Estado de la titularidad y la gestión de los tres aeródromos gallegos. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero planea, sin embargo, acotar el alcance de la transferencia a la puesta en marcha de fórmulas que permitan cogestionar la prestación del transporte aéreo con las comunidades. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ya anunció en mayo la intención del Ejecutivo de dar entrada a las autonomías y ayuntamientos en la gestión aeroportuaria, aunque no explicó cómo. El Gobierno es partidario de una fórmula conjunta que sería una vía intermedia entre el sistema actual, en el que la gestión es exclusiva del Estado, y el escenario que piden comunidades como Galicia y Cataluña. Moncloa cree que así se suavizará la tensión política del debate sobre el traspaso de las competencias con mayor peso político. Mejora del servicio La Xunta ha apostado en esta materia por una propuesta más ambiciosa que la que trasladó al Gobierno Aznar en septiembre del 2002, siguiendo el programa del PP gallego de las autonómicas del 2001. En la documentación que Fraga entregó el pasado día 6 al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el Gobierno autónomo defiende que la transferencia de competencias en aeropuertos es «esencial» para Galicia. La Xunta arguye que «el carácter periférico de nuestra comunidad la hace más dependiente del transporte aéreo, por lo que su eficiencia constituye un factor estratégico del desarrollo». Agrega que la oferta de transporte es un aspecto determinante «de la competitividad y, por ende, de las decisiones de inversión de la empresa». La Administración gallega esgrime, además, que la «madurez» del Estado de las autonomías ha convertido a la Xunta en «interlocutor natural y ordinario respecto a la inmensa mayoría de competencias y, consecuentemente, de las relaciones entre el ciudadano y la Administración». Esa relación sitúa a la Xunta como receptora de las quejas, reclamaciones y aspiraciones de los gallegos sobre el tráfico aéreo, aunque el Gobierno autónomo no tenga las competencias. El argumento es claro: si los ciudadanos identifican a la Xunta como receptora de las quejas, es lógico que gestione esos servicios. El Ejecutivo de Fraga ve «natural» que haya que «reconducir la situación», para que «asuma tanto la responsabilidad de la buena gestión de las terminales aeroportuarias como las competencias sobre las mismas». Fraga ya ha manifestado que esa competencia resolvería el conflicto municipal entre A Coruña y Culleredo para ampliar la terminal de Alvedro. Madrid asume que debe mejorar la prestación de servicios. Pero remite sus planes a una próxima Ley de Agencias, que facilitará que demandas competenciales de las comunidades para asumir la delegación de servicios se resuelvan con una prestación compartida. Administraciones Públicas cree que esa fórmula garantiza el servicio ciudadano y da capacidad de influencia a las autonomías, eludiendo el debate legal sobre transferencias.