La Guardia Civil de Lugo investiga una trama en la que podrían estar implicadas varias gestorías Algunas personas ya prestaron declaración en juzgados de A Coruña y Asturias
18 mar 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?arios funcionarios de la Xunta aparecen en la relación de personas implicadas por la Guardia Civil en una red que supuestamente se dedicaba a falsificar tarjetas de transporte para camiones. Al parecer, no cotejaron los documentos alterados que les entregaron varias gestorías en las que, según creen los investigadores, pudieron haber sido modificadas las fechas que permiten que los camiones importados puedan ser dedicados al transporte en España. Estos vehículos llegaban a Galicia después de haber sido deshechados en países centroeuropeos. La imputación de los funcionarios, según explicaron diversas fuentes, es efectuada con el fin de que los jueces que se encargan del caso puedan determinar si los empleados públicos actuaron en connivencia con los gestores o si, por el contrario, tuvieron algún despiste a la hora de dar por buena la documentación que les fue presentada. Los integrantes de la red de falsificación no sólo colaron los documentos supuestamente alterados en la Xunta, sino que lo hicieron en diversos organismos oficiales. Según las investigaciones, en una oficina del Inem de la provincia dieron por buenos los papeles, lo mismo que sucedió en un ayuntamiento lucense. Tarjeta indispensable La tarjeta es indispensable para que los camiones importados puedan dedicarse al transporte en España. Sin este documento, ninguna empresa o camionero compraría los vehículos. Para solventar este problema, los promotores de la trama hacían enmiendas en las fotocopias de la documentación de los vehículos. Simple y llanamente, modificaban el año de su fabricación. La normativa actualmente en vigor indica que la tarjeta nacional de transporte se puede obtener siempre y cuando el camión de importación tenga un máximo de dos años de antigüedad. Quienes se prestaron a llevar a cabo las alteraciones cobraban unos mil euros por ese trámite, totalmente irregular. Algunos implicados prestaron ya declaración en juzgados de A Coruña y Asturias, donde residen.