Los ingresos de los concellos de menos de 5.000 habitantes representan el 55% de la media española La inhibición fiscal impide garantizar el bienestar en las zonas rurales
23 jul 2003 . Actualizado a las 07:00 h.La prestación de servicios básicos en los pequeños concellos está supeditada a la entrada en las arcas municipales de subvenciones del Gobierno, la Xunta y las diputaciones. La dependencia coyuntural de estos ayuntamientos se agrava con la renuncia voluntaria a una gestión fiscal que les proporcione recursos para atender de forma autónoma las necesidades de sus vecinos. En esa tesitura de rastrear los despachos a la caza de ayudas se encuentran seis de cada diez municipios (192 de los 315 gallegos), los que tienen menos de 5.000 habitantes. Los ingresos de esos concellos representan el 55% de la media española entre los de su mismo tamaño. El informe anual de Caixa Galicia sobre la economía gallega revela que los recaudación tributaria aporta 127 de los 444,23 euros por habitante que entran al año en las arcas de los municipios de menos de 5.000 habitantes. La presión fiscal equivale en esos ayuntamientos gallegos al 41% de la media española (810,47). Los vecinos pagan el desequilibrio con servicios deficientes o inexistentes. Los alcaldes esgrimen que no pueden cobrar por todo, porque los recursos de sus administrados son escasos. Pero admiten que las ataduras económicas que genera esa inhibición no siempre garantizan los fondos necesarios para el bienestar de la población. Ni agua ni alcantarillado En Ribeira de Piquín, un municipio de la sierra lucense, apenas 250 de sus 842 vecinos pagan el agua. No es que el resto sean morosos, sino que solucionaron por su cuenta el suministro antes de esperar a que el Concello dispusiera de medios para las obras de la traída. Ninguna de las cinco parroquias del municipio tiene alcantarillado en todas las viviendas. Otra necesidad básica que el Concello tiene sin resolver es la recogida de basuras. «Estamos á espera de que vaia adiante a ecoplanta para solucionalo. Pero entón si teremos que cobrar», explica el alcalde, Sabino Díaz (PP). Una fricción reciente entre la Xunta y los municipios ilustra el celo con que éstos mantienen la presión fiscal bajo mínimos. El Gobierno gallego amagó en octubre pasado con una subida del recibo del agua. Medio Ambiente estimó que la calidad del suministro pasa por multiplicar por cuatro su coste en el horizonte del 2010. El cálculo soliviantó a los alcaldes. El proyecto tenía fundamento, pero era inoportuno. Los regidores se veían con el agua al cuello. Además del voto para las municipales, tendrían que pedir a sus vecinos que se rascaran el bolsillo. Así las cosas, la Xunta cerró el grifo. De la propuesta no ha vuelto a haber noticias.