Uno de los dos socios que han sido llamados como testigos en este proceso asegura que en Vilanova impera algo muy semejante a la ley del silencio por lo que respecta al Concello. El hombre no sólo reitera que hay muchos otros empresarios en su misma situación, también apunta que hay temor entre ellos. Su declaración es elocuente: «Los empresarios no se atreven a preguntar qué pasó con el dinero, por represalias». Él mismo dice ser objeto de una estrecha vigilancia por parte de los servicios municipales. Mientras, el letrado del querellante, José Juan Durán, hoy concejal de Urbanismo, contraataca con un acta notarial, levantada sobre una serie de declaraciones del secretario personal del alcalde, que asegura haber escuchado, en julio del 2001, una conversación en la alcaldía entre el propio Durán Hermida y uno de los empresarios implicados en el caso. De acuerdo con su versión, éste habría reconocido su intención de hundir al munícipe, no dudando en mentir para lograrlo. El empresario, sin embargo, ratificó su declaración en abril de este año. El acta del secretario El acta no se levantó de palabra, sino en base a un escrito, redactado por el secretario días después de la supuesta conversación. El funcionario, militante del PP, dice no haber recibido presiones.