Cuando Ramón Soto contrató a una empresa privada para las labores de vigilancia, no quedó claro el futuro del personal que hasta entonces se encargaba de ese trabajo en la cofradía. Supuestamente, sus contratos quedaban subrogados, pero la empresa no los llamó a trabajar. La situación, recrudecida por las malas relaciones entre vigilantes y mariscadoras por una parte, y junta general de la cofradía por otra, empeoró cuando las mujeres, que acusan a Soto de no preocuparse por la vigilancia de las playas, decidieron encerrarse en la cofradía hasta que el patrón mayor dimita o Pesca busque una solución. Pero la Administración autonómica dice que es un problema interno de la cofradía y sólo se brinda a mediar en una reunión entre las partes. Mientras, la CIG presentó ayer una demanda por despido improcedente a tres vigilantes que llevaban seis años trabajando para el pósito. La villa es pequeña y las partes enfrentadas se cruzan insultos todos los días en las calles. El incidente de ayer no hizo sino empeorar la situación. Vilaxoán es hoy un polvorín y todos coinciden en que no tardará en estallar.