La decisión del Gobierno uruguayo fue bien acogida en medios próximos a la Xunta. Antonio Burgueño, el hombre que coordina la acción sanitaria del Ejecutivo gallego en Argentina y Uruguay, manifestaba ayer que «la intervención era la salida más lógica. A mí me parece una respuesta razonable para intentar resolver este problema que es una parte de la crisis general del mutualismo en Uruguay. Se trata de poner orden dentro de la institución y buscar soluciones para robustecerla». Burgueño no aclaró si la Xunta mantiene su oferta: «Habría que volver a analizar la situación del hospital porque ya han pasado tres meses». Por su parte, Manuel Barros, presidente del Partido Popular en Uruguay, manifestó ayer su confianza en que sea posible alcanzar un acuerdo con la Xunta, una vez se hayan celebrado elecciones internas en la Casa de Galicia. De hecho, los aspirantes a recuperar al control de la institución ya han iniciado conversaciones con el Ejecutivo gallego.