Los economistas apuntan la necesidad de reorientar la política socioeconómica al nuevo diseño demográfico de Galicia El 21% de la población de los países desarrollados tendrá más de 65 años en el 2050. Esta previsión realizada por Naciones Unidas (ONU) se supera en las provincias de Lugo y Ourense, donde el porcentaje rebasa el 26%. La media gallega es ya de un 19,9%.
21 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Las cifras advierten la necesidad de adecuar el sistema de vida al cambio demográfico que experimentará Galicia en los próximos años. Los economistas coinciden en la necesidad de adaptar los sistemas laboral, sanitario, educativo y de viviendas al que será el sector poblacional dominante en la comunidad a partir del 2020. La Voz inicia hoy una serie de reportajes para analizar los problemas que afectan a los mayores en Galicia. En Galicia viven 543.783 personas mayores de 65 años. El aumento de la esperanza de vida -de 82 años para las mujeres y de 75 para los hombres- combinado con el escaso índice de natalidad implicará un importante cambio en la pirámide poblacional. Las proyecciones para el 2010 apuntan a que en ese año, el 9% de los gallegos tendrán más de 75 años y el 11%, menos de catorce. Las consecuencias de este fenómeno serán notables en los hábitos de consumo, ubicación de la población, orientación de los partidos políticos, ordenación del territorio y estructura de las rentas. Lo explica el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de A Coruña Fernando González Laxe, quien vaticina que buena parte de la población gallega «estará subvencionada y dependerá de las políticas sociales». Esfuerzo social Xaquín Fernández Leiceaga, economista y coordinador del volumen Avellentamento demográfico e consecuencias socioeconómicas de Galicia, calcula que con un ritmo de crecimiento económico del 2,5% anual, el esfuerzo social necesario para mantener la nueva estructura poblacional «sería asumible». El descenso del gasto público en subsidios de desempleo y educación -consecuencia del descenso de la natalidad- compensarían, según explica Fernández Leiceaga, el aumento de los gastos de carácter social, tanto en el campo sanitario como en el asistencial.