Las administraciones central y autonómica intentan eludir la vía judicial para dirimir el conflicto Una disposición adicional a la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante publicada el año pasado, en la que se recogía la intención de que las autoridades portuarias cobrasen un canon a los titulares de bateas por la ocupación de la lámina de agua, abrió una brecha en materia de competencias entre la Xunta y el Gobierno central. Pero la Administración autonómica no reconoció hasta ayer este conflicto. El conselleiro de Presidencia habló de las negociaciones para evitar la vía judicial.
10 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El sector mejillonero reaccionó en su día con contundencia a la intención de las autoridades portuarias de cobrar un canon por ocupación del agua a los titulares de bateas. Aludían a un posible conflicto de competencias entre la Xunta y el Estado. Pesca negó ese extremo e incluso atribuyó a los puertos autoridad para imponer el canon. Sin embargo, las declaraciones de ayer del conselleiro de Presidencia, Jaime Pita, revelaron que sí hay conflicto. Pita reconoció que la Ley ha abierto un debate y que la Xunta mantiene conversaciones con el Gobierno central para llegar a un acuerdo y evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional. El conselleiro explicó que la Administración gallega considera que le corresponden las competencias en esa materia, pues las bateas se inscriben en el ámbito de la acuicultura, donde Galicia tiene capacidad para legislar. Así, aseguró que la Xunta «no tiene previsto cobrar un canon por la ocupación de bateas por cultivos marinos», al menos hasta que no se resuelvan las competencias en ese campo. El conselleiro de Presidencia afirmó también que, hasta ahora, nadie «pagó un céntimo del canon del Estado». En este punto discreparon tanto la socialista Carmen Gallego ¿autora de la pregunta que motivó la intervención de Pita¿, como el nacionalista Bieito Lobeira, pues, según afirmó la primera, algunos titulares de explotaciones de Vigo han pagado por la ocupación de la lámina de agua. Diferencias Lo que confirma el sector es que un bateeiro de Vigo o de Pontevedra está en desventaja con respecto a sus colegas de Arousa. Según indican, los profesionales que operan en las dos primeras zonas pagan a las autoridades portuarias la tarifa denominada T1 por el fondeo de la batea. En Arousa, sin embargo, esa tasa no se abona porque los titulares de bateas respondieron al intento del puerto de cobrar ese canon con un contencioso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que resolvió que la tarifa T1, ideada para las embarcaciones, no podía aplicarse a las bateas. Los arousanos tampoco atendieron a los edictos del puerto que obligaban a solicitar de nuevo la habilitación de la concesión, al considerar que el permiso de la Xunta tenía validez y no requerían otro a mayores. El sector no se niega a pagar la tasa, pero prefiere entregarla a la Xunta y no a una autoridad portuaria que funciona casi como una empresa.