El Consejo General del Poder (CGPJ) Judicial apartará cautelarmente de sus funciones a los tres magistrados de la Audiencia Nacional (Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Olero) que pusieron en libertad al presunto narcotraficante huido Carlos Ruiz Santamaría, el Negro, en tanto que el Tribunal Supremo resuelve si esa decisión fue o no delictiva. La Comisión Permanente del CGPJ, por unanimidad, dio ayer un paso en esta línea al pedir a la Fiscalía General del Estado su parecer si corresponde o no dicha suspensión. El artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fija que los magistrados serán apartados de sus funciones jurisdiccionales «cuando se procede contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Por su parte, el apartado 384.1 señala que se hará «efectiva la suspensión, previa audiencia del ministerio fiscal», aunque ésta no tiene por qué coincidir. Algo inevitable El acuerdo del Consejo se adoptará en el pleno que se celebrará el 6 de febrero, y no en el de mañana, salvo que el presidente de esta institución convoque uno de carácter extraordinario con anterioridad. Pero el CGPJ no tiene previsto acelerar los plazos de que dispone para resolver sobre la suspensión, para darles tiempo a que recurran la decisión del Supremo de aceptar la querella. De llevarse a cabo este recurso, el Supremo dispondrá de tiempo para resolver antes de que el órgano de gobierno de los jueces se reúna en pleno. Si el alto tribunal confirma la admisión de la querella, la suspensión cautelar de los tres magistrados será inevitable. Mientras, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García Pérez, es el encargado de buscar contrarreloj a los sustitutos de los jueces que presidirán la vista por la operación Temple.