La decisión de la Comisión Disciplinaria fue adoptada a la vista de los informes emitidos por los tres magistrados (dos de ellos apuntan como responsable a de la decisión a Cezón). En los informes relatan las circunstancias en los que se produjo la deliberación y el acuerdo final de ordenar la libertad bajo fianza de el Negro, del remitido por los psiquiatras de la prisión, el forense y el presidente de la Audiencia Nacional. Del contenido de los informes trascendieron detalles nada desdeñables. Carlos Ollero. El juez disidente en los temas relacionados con ETA, que en el caso del Negro se sumó a la postura de sus compañeros, le carga el muerto al presidente de la sección. Dice que «las circunstancias de tiempo, lugar y forma que condujeron a la deliberación y a la toma de decisión de la puesta en libertad» del preso fueron determinadas por Carlos Cezón. Juan José López Ortega. Señala en su informe que «desde el principio el presidente de la Sección insistió muy especialmente en la situación de riesgo para la vida» que conllevaba «mantener la prisión», y propuso decretar de inmediato la libertad bajo fianza. «No acepté esa propuesta -explica López Ortega- y a iniciativa mía se decidió consultar el caso con el forense de la Audiencia Nacional». Carlos Cezón González. El presidente de la Sala señala en su informe que prolongar la prisión iba a tener un efecto negativo en la evolución de la enfermedad del acusado y añade que no encontró «en la proximidad de la fecha del juicio una causa impeditiva de la libertad» y que «la experiencia diaria pone de manifiesto que los acusados en libertad provisional, incluso extranjeros, comparecen al inicio de las sesiones del juicio».