Los grupos parlamentarios del BNG y PSdeG apostaron ayer por dotar al Consello de Contas de más recursos humanos y de cierto poder coercitivo, tras conocerse el último informe de 1998. La oposición quiere que pueda intervenir sobre los organismos que incumplan la ley de forma reiterada, en alusión a los ayuntamientos que no rinden cuentas o lo hacen fuera de plazo. Xesús Vega (BNG) y Francisco Cerviño (PSdeG) criticaron separadamente que en el año 2002 se debata en el Parlamento autonómico el informe de 1998. Vega censuró que el informe no se haya dado a conocer antes de las elecciones, lo que podría haber cambiado en algunos casos el sentido del voto. Relectura Por su parte, el socialista Cerviño abogó por una relectura de la ley del Consello de Contas, y, llegado el caso, por su modificación, para dotar al órgano fiscalizador de un mayor poder coercitivo. El secretario general del PPdeG, Xesús Palmou, rechazó que el Gobierno gallego haya favorecido en un 90% a municipios gobernados por el Partido Popular, como refleja el último informe fiscalizador. Las subvenciones ligadas a convenios se habrían concedido, según él, «con criterios obxectivos e non clientelares». El dirigente del PPdeG estimó «lóxico» que los municipios gobernados por los conservadores recibieran más recursos que los de la oposición, en tanto los alcaldes populares son más numerosos.