La sesión de ayer, penúltima del juicio, se completó con la declaración, en calidad de peritos, de dos inspectores y una subinspectora de Hacienda, quienes intervinieron como administradores judiciales del pazo de Bayón. El inspector Luis Manuel Rubí Blanc, que fue el primer administrador judicial del pazo, declaró que la gestión de las empresas intervenidas era muy deficiente desde el punto de vista empresarial. También dijo que el pazo podría haber producido un millón de litros de vino albariño anuales cuando en realidad producía unos 25.000 litros. Declaró que la maquinaria era obsoleta y estaba mal conservada, pero que las instalaciones de la bodega eran excelentes y con una gran capacidad. Por otro lado, el ex-interventor judicial afirmó que la contabilidad de las empresas que gestionaba Esther Lago García -entre ellas Comercial Oula- era incompleta y que tuvieron que completarla con la información existente en los registros públicos, la aportada por proveedores y también por informaciones judiciales de la operación Nécora contra el narcotráfico.