DOCUMENTACIÓN
12 sep 2001 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno Aznar ha optado por la confidencialidad del correo para calibrar las opiniones de los presidentes autonómicos a propósito de los contenidos de la Ley de Cooperación, después de que el mero anuncio de su intención de culminar el proceso de descentralización con un texto legislativo disparara en abril pasado las reticencias. Consenso. La ley en cuestión, que el Ejecutivo central prevé aprobar el próximo año, pretende ser, al igual que el modelo de financiación autonómica, un ejercicio de consenso con las autonomías. Con arreglo a ese esquema, el viejo debate sobre la representación de las comunidades ante los organismos de la UE es sólo uno de los interrogantes que el Gobierno quiere resolver con una disposición con rango de ley. La Xunta se aferra a ese ánimo de consenso para aducir que la legislación no se aprobará en contra del criterio de las autonomías. Representación en la UE. El presidente de la Xunta es uno de los grandes defensores de incorporar mecanismos que faciliten la participación de las regiones en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Fraga retomó esa reivindicación en mayo pasado, con motivo de la reunión en Pamplona de la asamblea general de la Comisión Arco Atlántico. Ni la propuesta es nueva ni Galicia sería la primera región que cuenta en los órganos de decisión comunitarios, donde zonas de Alemania, Austria y Bélgica ya tienen representantes. Fraga es partidario de la presencia en el Consejo de Ministros de la UE del presidente de la región cuando se traten asuntos de trascendencia para la misma. El responsable autonómico acompañaría, en ese caso, al representante del país. Reforma del Senado. Puede ser el principal foco de discrepancias entre el Ejecutivo central y las comunidades. Fraga y el propio Pujol, aunque con matices que diferencian sus propuestas, son firmes partidarios de retocar la Constitución para que la Cámara Alta cumpla con el cometido de punto de encuentro de las administraciones autonómicas para el que fue concebida. El gabinete Aznar considera que la Carta Magna es intocable, por lo que retoma la idea de crear una conferencia de presidentes autonómicos. Aunque queda mucha tela que cortar, Fraga no está por la labor de participar en esos foros.