La política es el arte de lo imposible y, en todos los partidos se puede decir digo, donde dije Diego. La Xunta ya sabe lo duro que es acatar la disciplina de partido en cuestión de financiación autonómica. En marzo de 1994, cuando aún gobernaba el PSOE en Madrid, el Gobierno gallego recurrió ante el Tribunal Constitucional la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autonómas. El argumento fue que no era el procedimiento apropiado para la aplicación de la corresponsabilidad fiscal. Varios meses después, la Xunta insistió en su pretensión y presentó un nuevo recurso ante el Constitucional contra la prórroga de la cesión del IRPF. Pero la vida da muchas vueltas, y en marzo de 1996 el mapa político español cambió. Aznar llegó a la Moncloa en minoría y necesitó la muleta de Jordi Pujol para gobernar su primera legislatura. Una de las condiciones fue la cesión del 30% del IRPF a las comunidades, y Galicia, que se oponía al 15%, tuvo que acostumbrarse al doble. Fraga y el conselleiro de Economía, José Antonio Orza, explicaron, sin problemas, cómo el 30% suponía recibir mucho más dinero en Galicia, y anunciaron la retirada de ambos recursos. Igual que ocurrió entonces en el PP, las comunidades del PSOE han tenido ahora que dar marcha atrás para incorporarse a un sistema que hace cuatro años vendieron como malo, pero que ahora, al paso del tiempo, se ha demostrado que les hubiese sido mejor.