EL FUTURO DEL MONTE GALLEGO El Gobierno central presentó en Bruselas un proyecto distinto del acordado con la Xunta para el período 2000-2006 El proyecto del Programa Español de Forestación de Tierras Agrarias (PEFTA) presentado por el Gobierno español en Bruselas reduce a 22.000 las 101.000 hectáreas de superficie que habían pactado forestar en Galicia las administraciones central y autonómica. El 75% del coste del plan, que abarca el período 2000-2006, corre por cuenta de la UE. El proyecto que Madrid ha remitido a la capital comunitaria quiebra lo anunciado por la Xunta, impide cumplir los objetivos ecológicos que se había fijado la Consellería de Medio Ambiente y obligará a la industria forestal galaica a replantearse su estrategia. La decisión de mantener o reformar el proyecto es competencia del Gobierno central.
21 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.FÉLIX SORIA BRUSELAS. Corresponsal En principio, tal como anunció el Ejecutivo autonómico a finales del pasado mes de diciembre, el capitulo gallego del PEFTA pactado con Madrid preveía un incremento neto de la masa forestal galaica cifrado en 14.000 hectáreas por año durante el actual período financiero de la Unión Europea. A la consecución de ese objetivo contribuirían sustancialmente las ayudas comunitarias de que puede echar mano Galicia como región objetivo 1. De las aproximadamente 245.000 pesetas que cuesta forestar cada hectárea _siempre según fuentes bruselenses_ un 75% (183.750 pesetas) sería aportado por la UE, mientras que el 25% restante (62.250 pesetas) correría por cuenta de las administraciones autonómica y central, a partes iguales. Existen fondos La cofinanciación comunitaria del PEFTA se realiza con cargo a los fondos del Feoga-Garantía. De los aproximadamente 24.745 millones de pesetas que exige la ejecución del PEFTA inicialmente pactado entre Compostela y Madrid la UE aportaría 18.559 millones. Esta y otras eventuales aportaciones son perfectamente posibles porque existen previsiones cuantificadas de las transferencias a que tiene derecho el Estado español durante el actual y los próximos seis ejercicios. Estas previsiones fueron uno de los caballos de batalla de la llamada Agenda 2000, que quedó cerrada en la cumbre de jefes de gobierno celebrada en Berlín en el mes de junio del año pasado. Las fuentes comunitarias consultadas han insistido en que el asunto «es ajeno a nuestras competencias». Y a preguntas de esta corresponsalía confirmaron que el programa «todavía puede ser modificado parcial o totalmente». Pero esta eventualidad «es competencia exclusiva del Estado miembro», matizaron. En Bruselas, que conocen a grandes rasgos los objetivos de las consellerías de Medio Ambiente y Agricultura, han subrayado que la Comisión Europea es ajena a las posibles discrepancias existentes entre las administraciones de un Estado miembro. En casos como el del PEFTA «nos limitamos a tramitar y evaluar la propuesta que presenta España», remacharon. La institución responsable del proyecto presentado en Bruselas es el Ministerio de Agricultura, aunque en la elaboración del PEFTA también participaron el de Medio Ambiente _en la época en la que la titular era Isabel Tocino_ y el de Economía. Razones presupuestarias Este último ministerio puede limitar el coste del PEFTA por razones presupuestarias, alegando, por ejemplo, un recorte del gasto (que incluye la inversión pública) para reducir el déficit. En el caso del Estado español esta circunstancia ya ha ocurrido con otros proyectos públicos (caso de las infraestructuras), según fuentes comunitarias. El de Economía también es el ministerio encargado de recabar, gestionar y distribuir las aportaciones de Bruselas. De hecho, el departamento de Rodrigo Rato controla uno por uno todos los euros que la UE transfiere a las administraciones españolas (central, autonómica y local).