Un grupo de residentes en la parroquia exigirá la ejecución de la sentencia del Supremo que anuló la licencia La intención del actual gobierno municipal de Vigo de obviar la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el edificio conocido popularmente como «O piricoto», en la parroquia de Castrelos, no va a poder ser. El alcalde vigués, el nacionalista Lois Castrillo, en su momento opositor al proyecto, quiere de esta manera eludir el riesgo de que el Concello tenga que responder de una indemnización de varios miles de millones de pesetas. Un grupo de vecinos ha contratado asesoramiento jurídico para exigir la ejecución de la sentencia al margen de lo que decida la asociación de vecinos de la parroquia.
30 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Varias personas agrupadas alrededor del ex-presidente de la asociación de vecinos de la parroquia, José Antonio Bastos, ha contratado los servicios de un bufete de abogados para conseguir que se derribe el edificio de Castrelos, uno de los proyectos más polémicos de la última década en Vigo. Se trata de tres bloques anexos de seis alturas, construido en las cercanías del parque de Castrelos y perfectamente visible desde la Gran Vía. Pese a las protestas vecinales, el edificio consiguió licencia en 1990, poco antes de que Manuel Soto abandonara la alcaldía. El gobierno posterior, con presencia nacionalista, se negó a defender la licencia ante los tribunales, pero cuando el Tribunal Superior la anuló estaba ya construido. Con el PP en el gobierno, el promotor consiguió la licencia de primera ocupación, que permitió que lo habitaran las 103 familias que adquirieron los pisos. Sentencia ratificada Hace un par de semanas el Supremo ratificó la sentencia al tener en cuenta su impacto paisajístico, una norma de aplicación directa que no tiene en cuenta que la licencia encajaba y encaja en el Plan General de Urbanismo de la ciudad. El gobierno municipal dispone ya de un primer informe elaborado por la asesoría jurídica del Concello vigués. El documento recomienda aguardar acontecimientos y no adoptar iniciativas, siempre partiendo del hecho de que el Concello concedió una licencia que ha devenido ilegal y con la que se han construido y vendido las viviendas. Fuentes municipales ratifican que no habrá ejecución salvo que exista una orden directa. Aun en este caso, existe la posibilidad de que el Concello solicite la inejecución del fallo judicial. En cualquier caso, el olvido no va a ser posible. José Antonio Bastos, ex-presidente de la asociación de vecinos y que lideró la lucha contra el proyecto urbanístico, ha confirmado que junto con otro grupo de personas va a solicitar que se ejecute el fallo. Ellos no olvidan el año de protestas en la calle para evitar que el Concello conectara el saneamiento del edificio, un servicio del que carecía entonces la mayoría de la parroquia, lo que generó numerosas intervenciones de la policía.