Bruselas activará ayudas para los barcos que se vean obligados a amarrar
24 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«Un brexit sin acuerdo es hoy mucho más probable, así que tenemos que estar preparados», insiste Bruselas. Desde que el Parlamento Británico asestó la estocada al plan de Theresa May, la maquinaria no ha dejado de funcionar en el corazón de la capital comunitaria. Los expertos se afanan en preparar a la UE para contener el seísmo.
El sector pesquero está especialmente expuesto a los vaivenes del Reino Unido. Buena parte de la flota comunitaria faena en sus aguas. Es el caso de 230 buques españoles que podrían verse obligados a poner rumbo a otros mares. De ellos, 170 son de cuño gallego. Están repartidos entre el caladero del Gran Sol (140) y el de las Malvinas, donde operan 30 embarcaciones de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi).
Medidas de urgencia
¿Qué plan de urgencia ha ideado Bruselas para amortiguar el impacto de un brexit duro? La Comisión Europea lanzó ayer dos propuestas legislativas encaminadas a mantener lo más parecido al statu quo en el sector. La primera medida aprobada por el Colegio de Comisarios prevé movilizar fondos procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), dotado con 6.400 millones de euros, para ayudar a los barcos que se vean obligados a amarrar en puerto a consecuencia de un brexit repentino. Si los británicos cierran el acceso de la flota europea a sus aguas, deberán abandonar la actividad de inmediato con el consecuente coste económico.
Coste para Galicia
El impacto de un brexit duro para Galicia podría ascender a 535 millones de euros, según cifras de la Xunta de Galicia. Al menos la mitad de los sectores productivos de la región se verían afectados.
Esta línea de asistencia financiera diseñada en los cuarteles de la Comisión permitiría reasignar de urgencia hasta 1.100 millones de euros destinados al control y monitoreo de la actividad (580 millones) y recolección de datos (520 millones). Bruselas también se compromete a reducir la carga burocrática para no añadir más peso sobre los hombros de los pescadores y agilizar los desembolsos. Esa es una de las demandas que vienen haciendo el sector y las autoridades regionales desde hace años. Una de las dificultades para poder acceder a las ayudas radica en el laberinto de trámites que tiene que atravesar un solicitante hasta que se ejecutan las ayudas.
A pesar de los avances en materia de contingencia, el plan se queda corto. Carece de ambición. No habrá dinero fresco para ayudar al sector. La medida además será «de naturaleza temporal». Fuentes comunitarias admiten que las ayudas se extenderán a nueve meses por barco. El colchón de fondos está pensado para capear el 2019 y poco más. Su fecha de caducidad coincide con el final del ejercicio presupuestario 2014-2020 y no hay garantías de que, para entonces, la UE y el Reino Unido hayan llegado a un acuerdo en materia pesquera.
Ante la incertidumbre y angustia que vive la gente del mar, la Comisión ha iniciado los trámites legislativos para simplificar los procedimientos de autorización a las embarcaciones con bandera de la Union Jack en aguas comunitarias hasta finales de año. Bruselas está dispuesta a abrir los puertos europeos a los buques británicos siempre y cuando Londres extienda un trato recíproco a la flota de la UE y respete el acuerdo de asignación de cuotas de pesca sellado el pasado mes de diciembre.
La flota artesanal lanza un SOS
«Queremos seguir manteniendo nuestros pueblos marineros vivos». Fue la llamada de auxilio que lanzó ayer en la Eurocámara el presidente de la Confederación Gallega de Cofradías, José Antonio Pérez Sieira. Lo hizo en nombre de los más de los más 40.000 trabajadores que viven de esta actividad en Galicia. Piden que se les excluya del sistema de TAC y cuotas y de la prohibición de los descartes. Apenas llegan a devolver al mar entre el 0 y el 5% de las capturas, pero la obligación de desembarco podría minar los ingresos de los que dependen 3.000 familias gallegas, según estimaciones de Sieira.
Los pescadores gallegos preparan su retorno a aguas del Sáhara Occidental
Tras más de medio año de amarre, los pescadores galaicos están a un paso de volver a faenar en el caladero saharaui. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo dio ayer luz verde al protocolo del que viven pendientes 49 buques (4 gallegos), de los 92 que podrían operar en la zona con bandera española. El texto deberá ser ratificado el 13 de febrero. La UE desembolsará 208,6 millones de euros en 4 años si Rabat se compromete a dejar que 128 arrastreros, palangreros y cerqueros europeos capturen especies demersales y pelágicas en aguas saharauis.
El sector fue expulsado el pasado 14 de julio del caladero tras expirar el anterior pacto pesquero. El Tribunal de Justicia de la UE excluyó las aguas saharauis del ámbito de aplicación del acuerdo en su sentencia del 27 de febrero del 2018: «Teniendo en cuenta que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental no son parte de la zona pesquera marroquí», señaló. ¿Cómo ha intentado la UE sortear el dictamen de la justicia europea? El TJUE impuso dos condiciones para poder considerar el acceso de la flota europea a aguas saharauis: Que se hiciese una mención explícita del Sáhara en el acuerdo y que el texto contase con el apoyo de la comunidad local. El primer supuesto se cumple, pero el Frente Polisario lo niega. Acusa a los servicios de diplomacia exterior de mentir y perpetuar «una estructura de pillaje».
Ya hay plan para un «brexit» duro
Bruselas activará ayudas para los barcos que se vean obligados a amarrar
cristina porteiro
«Un brexit sin acuerdo es hoy mucho más probable, así que tenemos que estar preparados», insiste Bruselas. Desde que el Parlamento Británico asestó la estocada al plan de Theresa May, la maquinaria no ha dejado de funcionar en el corazón de la capital comunitaria. Los expertos se afanan en preparar a la UE para contener el seísmo.
El sector pesquero está especialmente expuesto a los vaivenes del Reino Unido. Buena parte de la flota comunitaria faena en sus aguas. Es el caso de 230 buques españoles que podrían verse obligados a poner rumbo a otros mares. De ellos, 170 son de cuño gallego. Están repartidos entre el caladero del Gran Sol (140) y el de las Malvinas, donde operan 30 embarcaciones de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi).
Medidas de urgencia
¿Qué plan de urgencia ha ideado Bruselas para amortiguar el impacto de un brexit duro? La Comisión Europea lanzó ayer dos propuestas legislativas encaminadas a mantener lo más parecido al statu quo en el sector. La primera medida aprobada por el Colegio de Comisarios prevé movilizar fondos procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), dotado con 6.400 millones de euros, para ayudar a los barcos que se vean obligados a amarrar en puerto a consecuencia de un brexit repentino. Si los británicos cierran el acceso de la flota europea a sus aguas, deberán abandonar la actividad de inmediato con el consecuente coste económico.
Coste para Galicia
El impacto de un brexit duro para Galicia podría ascender a 535 millones de euros, según cifras de la Xunta de Galicia. Al menos la mitad de los sectores productivos de la región se verían afectados.
Esta línea de asistencia financiera diseñada en los cuarteles de la Comisión permitiría reasignar de urgencia hasta 1.100 millones de euros destinados al control y monitoreo de la actividad (580 millones) y recolección de datos (520 millones). Bruselas también se compromete a reducir la carga burocrática para no añadir más peso sobre los hombros de los pescadores y agilizar los desembolsos. Esa es una de las demandas que vienen haciendo el sector y las autoridades regionales desde hace años. Una de las dificultades para poder acceder a las ayudas radica en el laberinto de trámites que tiene que atravesar un solicitante hasta que se ejecutan las ayudas.
A pesar de los avances en materia de contingencia, el plan se queda corto. Carece de ambición. No habrá dinero fresco para ayudar al sector. La medida además será «de naturaleza temporal». Fuentes comunitarias admiten que las ayudas se extenderán a nueve meses por barco. El colchón de fondos está pensado para capear el 2019 y poco más. Su fecha de caducidad coincide con el final del ejercicio presupuestario 2014-2020 y no hay garantías de que, para entonces, la UE y el Reino Unido hayan llegado a un acuerdo en materia pesquera.
Ante la incertidumbre y angustia que vive la gente del mar, la Comisión ha iniciado los trámites legislativos para simplificar los procedimientos de autorización a las embarcaciones con bandera de la Union Jack en aguas comunitarias hasta finales de año. Bruselas está dispuesta a abrir los puertos europeos a los buques británicos siempre y cuando Londres extienda un trato recíproco a la flota de la UE y respete el acuerdo de asignación de cuotas de pesca sellado el pasado mes de diciembre.
La flota artesanal lanza un SOS
«Queremos seguir manteniendo nuestros pueblos marineros vivos». Fue la llamada de auxilio que lanzó ayer en la Eurocámara el presidente de la Confederación Gallega de Cofradías, José Antonio Pérez Sieira. Lo hizo en nombre de los más de los más 40.000 trabajadores que viven de esta actividad en Galicia. Piden que se les excluya del sistema de TAC y cuotas y de la prohibición de los descartes. Apenas llegan a devolver al mar entre el 0 y el 5% de las capturas, pero la obligación de desembarco podría minar los ingresos de los que dependen 3.000 familias gallegas, según estimaciones de Sieira.
Los pescadores gallegos preparan su retorno a aguas del Sáhara Occidental
Tras más de medio año de amarre, los pescadores galaicos están a un paso de volver a faenar en el caladero saharaui. La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo dio ayer luz verde al protocolo del que viven pendientes 49 buques (4 gallegos), de los 92 que podrían operar en la zona con bandera española. El texto deberá ser ratificado el 13 de febrero. La UE desembolsará 208,6 millones de euros en 4 años si Rabat se compromete a dejar que 128 arrastreros, palangreros y cerqueros europeos capturen especies demersales y pelágicas en aguas saharauis.
El sector fue expulsado el pasado 14 de julio del caladero tras expirar el anterior pacto pesquero. El Tribunal de Justicia de la UE excluyó las aguas saharauis del ámbito de aplicación del acuerdo en su sentencia del 27 de febrero del 2018: «Teniendo en cuenta que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental no son parte de la zona pesquera marroquí», señaló. ¿Cómo ha intentado la UE sortear el dictamen de la justicia europea? El TJUE impuso dos condiciones para poder considerar el acceso de la flota europea a aguas saharauis: Que se hiciese una mención explícita del Sáhara en el acuerdo y que el texto contase con el apoyo de la comunidad local. El primer supuesto se cumple, pero el Frente Polisario lo niega. Acusa a los servicios de diplomacia exterior de mentir y perpetuar «una estructura de pillaje».