La relación entre el Concello de Pontevedra y Sogama sigue pendiente del Tribunal Constitucional, instancia ante la que recurrió el gobierno local para defender la aplicación de la cláusula energética en el cálculo del canon: este se calcularía de forma inversamente proporcional al coste de la energía. Sogama no aplica dicha cláusula, pues entiende que el contrato que la incluía fue modificado, algo que no comparte el Concello. Están en juego las facturas generadas entre agosto del 2008 y la actualidad, que han generado una deuda que supera ya los 4,3 millones de euros.
El Concello presentó a principios de este año un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre si lo admite a trámite o no.