Ence hasta 2093

La Voz

FIRMAS

Xunta y Gobierno central aparecen enfrascados en un peloteo de trámites. Es solo una cuestión de tiempo. Se trata de ver quién (Madrid, Santiago, o ambos al tiempo) «se come el marrón» de desmentirse a sí mismos y traicionar las promesas que el PP realizó al electorado pontevedrés. Hasta en cinco ocasiones. Exactamente entre locales, autonómicas y generales que se celebraron en el período comprendido entre 2007 y 2012.

Telmo Martín enarboló la tesis del traslado de Ence en su primera tentativa de hacerse con la alcaldía de Pontevedra (27/5/2007 ) con el propósito de arrebatar a BNG y PSOE un reclamo electoral que les era exclusivo. Recuérdese aquel eslogan de Touriño: «Ence, sí; en Pontevedra, sí; en la ría, no».

La idea del exalcalde de Sanxenxo atrajo a Feijoo, quien agregó la propuesta a su argumentario electoral en el 2009. Y después de cuatro años de gobierno, cuando revalidó mandato en octubre del 2012, reiteró su compromiso de cumplir con el traslado de la pastera en el 2018.

Por medio, hubo otras municipales (22/5/2011) en las que Telmo reintentó, apostillando la propuesta con la idea de resituar Ence en terrenos de Marcón. Y hasta Rajoy se sumó (aunque tibiamente, es decir muy mariano) a la teoría del traslado. Justo el tiempo necesario de ganar las generales para luego olvidarse de ese como de tantos otros compromisos de campaña.

Volviendo al presente. La respuesta de la Consellería de Medio Ambiente que opta por dilatar la entrega de un informe requerido por Fomento sobre la solicitud de Ence para prorrogar su permanencia en Lourizán, parece un atajo. El departamento que dirige Agustín Hernández alega que no dispone de todos los datos, particularmente del reglamento que desarrollará la nueva Ley de Costas estatal. Y de este sibilino modo, le pasa la pelota al ministerio que dirige Ana Pastor, la sumisa colaboradora de Rajoy a quien le va a tocar desgastarse.

Este asunto empieza a ser una partida de tenis aburrida de resultado predecible: la celulosa seguirá en Lourizán después del 2018 y por 75 años más, como ha solicitado en aras a la nueva ley.