La sentencia del juzgado de lo contencioso se limita a refrendar que el Concello de Ourense actuó de forma correcta en el procedimiento que, a finales del 2011, supuso el cambio de empresa encargada de la gestión indirecta del servicio de ayuda a domicilio. Que dos empresas pugnen por un contrato de dieciséis millones de euros y la que pierde acuda al contencioso es lo normal. Pero no es el caso. Aunque a aquella convocatoria acudieron catorce empresas, dos de ellas lo habían con toda la artillería dispuesta. Habían sido Alberto López y José Fermín Troncoso socios en la firma que gestionó el servicio entre 2007 y 2011. Se distanciaron en lo personal y en los negocios. Rompieron de forma nada amistosa. No se conformó Troncoso con acudir al contencioso. Echó mano de toda la artillería a su alcance. Acudió a la vía penal. Mirando por el retrovisor los cuatro años anteriores de sociedad, acusó Troncoso a López de plagio, le atribuyó administración desleal y su discurso encontró eco en la oposición municipal -tanto en el PP como en Democracia Ourensana- para plantear debates políticos y hasta para abrir un procedimiento judicial en el que, junto con otras personas, está imputada la teniente de alcalde, Marga Martín. Lo más llamativo de este caso -en fase de instrucción, pero en una fase muy avanzada- es que, salvo imprevisibles carambolas, el juez aprecia en Troncoso y López indicios suficientes para imputarles el mismo delito de estafa. Y aún queda por dilucidar un contencioso con la Seguridad Social para delimitar las responsabilidades que haya podido haber en impagos de cuotas.