Hace unos días se publicaba en estas páginas un trabajo que, a modo de resumen anual, daba cuenta de la actividad empresarial en el Barbanza durante el 2013. Como dato esperanzador se destacaba el hecho de que se hubiesen creado en la comarca más de cien nuevas sociedades y los buenos resultados obtenidos por las grandes firmas (Frinsa, Jealsa, Congalsa). En la parte negativa se reseñaban las dificultades por las que atraviesan muchas, el cierre de algunas y el elevado número de desempleados: en la comarca superan con creces los 10.000.
La situación, a pesar de los cantos de sirena de los profetas a sueldo, sigue siendo muy difícil. Es verdad que se crean empresas, pero lo es también que desaparecen muchas. En resumen, hay movimiento pero no se avanza. Quizás el dato más revelador es el del paro o, mejor, el del número de afiliados a la Seguridad Social. Y es demoledor: en la comarca hay un 60% más de desempleo que antes de iniciarse la crisis. Cuestión que llevará mucho tiempo resolver porque en este país solo se atienden las demandas -léase imposiciones- dictadas por las grandes corporaciones, fiándose todo al desarrollo de estas en el exterior; a costa de cargarse la demanda interna.
Las pequeñas empresas y los autónomos, muy numerosos pero con escaso poder de presión, son los que han pagado la factura de esta crisis cuando su papel en ella fue menor. Por supuesto también todos los trabajadores con la devaluación del mercado laboral. A estas empresas y negocios de autónomos se les ha ninguneado, chuleado y estafado por las diferentes Administraciones; precisamente por su escasa capacidad de protesta o de autodefensa. Los bancos no les dan financiación y cuando lo hacen es a costa de intereses abusivos y la imposición de otras condiciones cercanas al robo (tarjetas, seguros, etcétera). Las Administraciones públicas les adeudan millones de euros retrasando los pagos de las formas más inverosímiles que se puedan imaginar. Incluso el Estado se ha sacado de la chistera una norma según la cual estas empresas y autónomos tienen la obligación de vigilar si la Seguridad Social o Hacienda le quieren comunicar algo; eso o pagar a una gestoría que lo haga por ellos. Ahora vuelven a castigarlos con subidas importantes en las cotizaciones a la Seguridad Social (para enmendar el fiasco recaudatorio que ha provocado la reforma laboral). Lo peor es que pagan a cambio de casi nada, cometiéndose una evidente discriminación.
Podríamos seguir por los abusivos costes energéticos, el galimatías normativo, etcétera. En fin, que hay que echarle mucho valor para abrir un pequeño negocio o crear una empresa. A pesar de lo que digan de boca para fuera los profesionales de la política. Pero, en todo caso, lo más difícil aún será mantenerlo abierto. Con la frustrante sensación diaria de que una buena parte de las muchas horas que requiere se dedicarán a resolver cuestiones suscitadas por la irresponsabilidad de otros. Enhorabuena a los que han superado el 2013.