La materia salarial es, sin duda, la más llamativa de la reforma local en ciernes. No le afecta, por cierto, al nacionalista Luís Álvarez Angueira, de Pontecesures, el único alcalde arousano que no dispone de dedicación exclusiva. Pero los árboles de las percepciones económicas de los regidores no ocultan la existencia de un bosque mucho más denso, en el que las discrepancias en cuestiones fundamentales van bastante más allá de los sueldos de los munícipes e introducen discrepancias en el propio seno del partido dominante, el PP, que propone e impulsa el nuevo marco legal.
De hecho, desde Galicia la Fegamp considera que el Gobierno no está respetando los puntos clave acordados hace meses. La Xunta tiene margen para introducir cambios, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Y el caballo de batalla que se anuncia a este respecto trota sobre los servicios sociales que se prestan desde los municipios. Las competencias, en aquellos concellos con poblaciones inferiores a los 20.000 habitantes, la inmensa mayoría de los que configuran esta provincia, apuntan a las diputaciones. El año que viene, por ejemplo, la de Pontevedra destinará 4 millones de euros a la cobertura de cuestiones como la ayuda a domicilio en los ayuntamientos de dicha categoría. En O Salnés, solo Vilagarcía mantendría su independencia en este sentido.
Así las cosas, no es extraño que, hace ya meses, el rechazo a la reforma local aunase a alcaldes tan poco sospechosos de sintonizar ideológicamente como Gonzalo Durán, Alberto García, Manel Vázquez o José Luis Pérez. Los regidores ven en el cambio en marcha un ataque al municipalismo.