Cuando hace poco más de un año una docena de trabajadores de la empresa auxiliar del Instituto Municipal dos Deportes pidieron su contratación por este organismo, desde el Concello vigués se puso el grito en el cielo. No era una opción legal, decían sus responsables, de manera especial el concejal de Deportes (exsindicalista él), con el visto y conforme del alcalde socialista. La plantilla recurrió a los tribunales y hoy es el día que, tras previa sentencia judicial, todos estos trabajadores son personal del IMD a la espera de lo que diga finalmente el Tribunal Superior. Estimó su señoría que hacía tiempo que en la práctica trabajaban para el IMD y que lo cumplía era su contratación.
Viene esto a cuento del actual conflicto con la plantilla relevada de los centros cívicos municipales, cuatro trabajadores de nada que por su escaso número para Caballero ni siquiera alcanza el nivel de colectivo. Estas personas llevaban años, hasta una década, prestando sus servicios para la concesionaria. Llegado el fin del contrato, en el nuevo pliego de condiciones no se incluyó la subrogación de la plantilla, contrariamente a lo que es práctica habitual en el Concello. Por ello la nueva adjudicataria, una empresa de trabajo temporal que ha reducido, claro, los salarios, eligió a otros aspirantes.
Ante las protestas, el alcalde aseguró ayer que la pervivencia de estas trabajadoras «sería una completa ilegalidad», aunque no aclaró si una ilegalidad-legal, como la de la plantilla del IMD, o ilegalidad-ilegalidad en sus justos términos.
Posdata. No tiene nada que ver, seguro, pero una de las afectadas es la presidenta de la federación vecinal, a la que el alcalde le tiene de todo menos cariño.
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